LA DEMOCRACIA

V. LA DEMOCRACIA

 

 

La democracia es un privilegio que solo pueden disfrutar los pueblos libres. Y ningún pueblo es libre mientras, conservando su propia esencia, no elija con entera libertad su integración en el país al que pertenece. Un ejemplo que a los españoles nos debería resultar cercano es el territorio del Sahara Occidental, antigua provincia española y en 1976 fue ocupado militarmente por Marruecos. Por muy alto que sea su nivel de vida (que no lo es), los saharauis no podrán ejercer la democracia mientras tengan conciencia de ser pueblo.

Democracia (demos = “pueblo”, kratos =” poder”) es un término que se aplica a un sistema de Gobierno en el cual se supone que es el pueblo el que ejerce el poder.

Es el sistema de gobierno más extendido en la actualidad y se le atribuye ser la culminación de las aspiraciones humanas en cuanto a organización política.

Sin embargo, el término “democracia” es aplicado a dos conceptos distintos que pueden dar lugar a confusión si no se especifica con claridad a cuál de ellos nos estamos refiriendo:

1. Una forma de votación por medio de la cual se toman decisiones colectivas para la elección de gobernantes.
2. Unas cualidades particulares que una sociedad debe de cumplir, como la participación popular, la libertad, la igualdad, o el derecho de las minorías.

Bajo el primer punto de vista nos estaríamos refiriendo a una forma de gobierno mediante la cual los gobernantes serían elegidos por mayoría en unas votaciones. En el segundo, el poder del Estado estaría limitado por una Constitución, una separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y un respeto a las minorías que habrían sido establecidos en el momento exacto de la propia creación del Estado. No faltan personas que defienden a la Monarquía (absolutista) como mejor sistema de gobierno por entender que en ella no hay conflicto de intereses, ya que el interés público y privado son el mismo mientras que en los otros cabe la corrupción, la ambición y la traición. El máximo dirigente de esta forma de gobierno puede denominarse Rey, pero también Dictador, Zar, Duce, Führer, Líder o cualquier otro apelativo que el monarca considere más adecuado.

No obstante, cuando nos referimos al “pueblo” no nos estamos refiriendo a todo el pueblo. En la Antigua Grecia estaban exentos del derecho a voto las mujeres y los esclavos. En épocas posteriores solo podían votar aquellos que fueran propietarios de terrenos y/o viviendas ya que es a éstos a quienes podría beneficiar o perjudicar una determinada política. En otros momentos solo podía ejercer este derecho el cabeza de familia, que se supone representaba los intereses de su familia. Y actualmente hay personas que carecen de este derecho por otros motivos (quizás el más generalizado es ser menores de determinada edad). Por tanto, cuando nos hablamos del poder del pueblo nos estamos refiriendo en realidad al poder de una parte del pueblo.

El sistema democrático es el más extendido actualmente solo por una razón: Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Y es que en aquel entonces tenían un presidente idealista y que quería que todo el mundo se beneficiara de las bondades del gobierno democrático (Franklin Delano Roosevelt) por lo que impulsó la creación de un utópico gobierno mundial (la Organización de las Naciones Unidas O.N.U.) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (firmada por prácticamente todas las naciones, pero aplicada en muy pocas), influyendo también en la evolución en los países derrotados de un sistema de partido único a un sistema multipartidista. La Unión Soviética aprovechó esta oportunidad para instaurar (ocupando el poder los partidos comunistas afines, aprovechando el sistema democrático), gobiernos de corte comunista en los países que tenía militarmente ocupados (Polonia, Hungría, etc.) y que una vez constituidos anulaban el sistema democrático. La defensa ante esta eventualidad en los países bajo ocupación norteamericana consistió en crear un sistema democrático que podríamos llamar descafeinado para evitar la llegada de los comunistas al poder. Un ejemplo significativo sería la llegada a la Presidencia de la República Francesa de Charles de Gaulle en 1958 que desembocó en la creación de un nuevo sistema político denominado “Quinta República” que vino a sustituir a la “Cuarta República” instaurada en 1946. Otro ejemplo sería el Golpe de Estado de los Coroneles en el año 1967 en Grecia que desembocó en una Dictadura.

Este sistema democrático light se caracteriza (en muchos países, ya que no en todos) por lo siguiente:

1. El sistema de elección de representantes del pueblo se hace por medio de listas cerradas que son confeccionadas por los partidos políticos y presentadas a la ciudadanía para su elección.
2. La elección de representantes se realiza por medio de sistemas proporcionales por contraposición al voto directo (mayormente la Ley D’Hont) que adjudica el número de escaños en proporción al número de votos de cada candidatura al objeto de primar la estabilidad del sistema con la creación y mantenimiento de partidos fuertes y evitar la fragmentación de los Parlamentos. Actualmente se utiliza este sistema en  Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda del Norte, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suiza, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Israel, Japón y Turquía.
3. Los ciudadanos no tienen un poder real para remover a sus gobernantes más que con unas fórmulas rebuscadas que en la realidad son impracticables.
4. Los responsables del Poder Ejecutivo son elegidos por el Parlamento, salvo en el caso de las monarquías parlamentarias a cuyo cargo se accede por lazos de sangre con el anterior monarca, y siendo elegido por el Parlamento el Jefe del Gobierno.
5. Los mismos parlamentarios establecen las normas para el acceso a las responsabilidades del Poder Judicial, vetando a los ciudadanos cualquier participación en la elección de sus responsables.
6. La única participación real de los ciudadanos en el ejercicio del poder se reduce a elegir cada determinado tiempo una lista de candidatos al Parlamento entre todas aquellas que les ofrecen los partidos políticos.

En consecuencia, la soberanía de estos países reside en el Parlamento y no en el pueblo, por lo que su sistema de gobierno real es uno de estos tres:

1. Aristocracia. Donde los aristócratas son los miembros de los partidos políticos. Es un sistema de gobierno positivo y deseable. En opinión de Aristóteles significa el gobierno de unos pocos y en opinión de Platón significa el gobierno de los mejores. De cualquiera de las dos formas que se identifique viene a suponer que un pequeño grupo de ciudadanos son los depositarios de la soberanía nacional y, en consecuencia, asumen todo el poder.
2. Oligarquía. Es una degeneración del sistema aristocrático y se considera (ver el capítulo sobre el Estado) negativo e indeseable. Deviene cuando la elección de los “aristócratas” o “casta política” se realiza sin que las cualidades éticas y de dirección de los mejores surjan como mérito reconocido por la comunidad, siendo sustituidas por la adhesión a los líderes de su partido.
3. Demagogia. En la que la Ley es subordinada al capricho de las masas y los gobernantes dan más importancia a los sentimientos de los ciudadanos y orientan la acción política en función de los mismos.

La aplicación de la Ley D’Hont, que pretende otorgar una estabilidad al sistema favoreciendo la creación y consolidación de dos partidos mayoritarios, favorece en gran medida el tránsito del sistema aristocrático al sistema oligárquico.

Como ejemplo de un sistema realmente democrático (independientemente de otras cuestiones que se pudieran valorar) tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que en ese país se aplican los principios exigidos a una Democracia:

1. Los ciudadanos eligen al Poder Legislativo mediante elección uninominal al Senado y a la Cámara de Representantes, llamados respectivamente senadores y congresistas. No se elige una lista sino a una persona.
2. Los ciudadanos eligen al Poder Ejecutivo mediante elección nominal, tanto a la Presidencia de su Estado como a la Presidencia del país.
3. Los ciudadanos eligen al Poder Judicial mediante elección nominal del Fiscal Jefe de cada término judicial. Éste elegirá a sus fiscales colaboradores.
4. Los ciudadanos eligen al responsable policial del condado (llamado sheriff o marshall) mediante elección directa.

Y tienen medios legales para destituir a cualquier cargo público (el llamado  impeachment).

Una vez aclarados estos conceptos, podemos entrar en materia:

Un Estado democrático es aquel en el cual sus ciudadanos son llamados a expresar de forma directa su opinión en todo aquello que modifica o puede modificar su forma de vida, comenzando por la elaboración y modificación de la Constitución. El Estado se constituye por la asociación de un cierto número de personas que toman colectivamente el nombre de “pueblo” o “ciudadanos” en cuanto que son partícipes de la autoridad soberana y el de “súbditos” por estar sometidos a las leyes del Estado y, en consecuencia, cada ciudadano debe ejercer su derecho soberano a constituir el Estado y a dictar las normal por las cuales se ha de regir. También, desde ese mismo instante, se subordina a las decisiones de la mayoría de sus conciudadanos. De esta forma se obliga a actuar en base a determinados principios en vez de seguir sus propias inclinaciones.

Estos derechos de soberanía son inalienables ya que la soberanía no es más que el ejercicio de la voluntad general  y el poder soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite pero nunca la voluntad. La declaración de esa voluntad constituye en sí un acto de soberanía y es de ley.

De este principio se deduce que existe una igualdad de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos del cuerpo social. Y su voluntad, para que verdaderamente sea general, debe serlo tanto en su objeto como su esencia: debe partir de todos para ser aplicable a todos. En definitiva, el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad, por la que se obligan bajo las mismas condiciones y por la que gozan de idénticos derechos. El fin de cualquier sistema de legislación debe ser apuntalar dos principios fundamentales: la libertad y la igualdad. No se concebiría una sin la otra.

No es bastante que el pueblo reunido haya establecido la constitución del Estado y sancionado un cuerpo de Leyes: debe organizar de una vez para siempre su forma de Gobierno y la elección de sus gobernantes. Sería absurdo y contradictorio que el pueblo (como poder soberano) se subordinara a un poder superior. Por tanto puede nombrar y destituir a sus gobernantes cuando quiera ya que éstos no dejan de ser sus funcionarios que al asumir las funciones que el Estado les impone no hacen más que cumplir con su deber de ciudadanos. Y dado que la elección de jefes es un acto de soberanía, deberían ser elegidos por sufragios celebrados en periodos previamente determinados, en los cuales todos los ciudadanos puedan expresar libremente su opinión.

No se puede imaginar que el pueblo viva constantemente reunido para ocuparse de los asuntos públicos por lo que delega este tipo de ocupación en el Gobierno. El poder soberano transmite sus órdenes al Gobierno mediante Leyes que elabora al margen del mismo. Para la redacción de dichas Leyes elige un Poder Legislativo que, para que el Estado logre un equilibrio, debe tener una igualdad de poder en relación al Gobierno.

Al Gobierno le corresponde la ejecución de las leyes y el mantenimiento de las libertades, pero no deja de ser un conjunto de simples funcionarios bajo las órdenes del poder soberano, que está dirigido por la voluntad general del pueblo bajo cuya delegación ejerce sus funciones. El pueblo, en tanto que es el poseedor de dicho poder, puede limitar, modificar o reasumir dicha delegación cuando le convenga dado que la enajenación de tal derecho sería opuesta a los fines de la asociación por la que se creó el Estado.

Los políticos, no pudiendo dividir nuestra soberanía en principio, la dividen en su objeto: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Estas partes no constituyen partes integrantes de la autoridad soberana: son meras emanaciones de ella. Los derechos que se toman de la soberanía están todos subordinados a ella y suponen siempre la ejecución de voluntades supremas, pues estos derechos no autorizan sino la ejecución.

Los ciudadanos siempre quieren su propio bien, pero no siempre lo comprenden. Y, aunque jamás se corrompe al pueblo, a menudo se le engaña y es entonces cuando parece querer el mal. Si una vez debidamente informados se les permitiera deliberar sin recibir ninguna comunicación sobre el objeto de su deliberación, la expresión de su voluntad general sería siempre buena. Pero cuando se forman intrigas y asociaciones con interés político o económico puede ocurrir que no haya tantos votantes como ciudadanos, sino tantos como asociaciones. Cuando un partido político es tan grande que predomina sobre los demás desaparece la voluntad general y la opinión que impera es una opinión particular. Para que la voluntad general sea siempre esclarecida y, de esta forma, que el pueblo no se equivoque nunca sería preciso que se multiplicaran las asociaciones de carácter político.

En todos los gobiernos del mundo la persona pública consume y no produce nada, viviendo del producto del trabajo de sus súbditos y los tributos serán más onerosos en relación con el aumento de la distancia entre el pueblo y el gobierno. En consecuencia, se ha de suponer que en democracia el pueblo esté menos cargado de impuestos que en el sistema aristocrático e igualmente en éste en relación al sistema de monarquía absoluta. En estos últimos sistemas en vez de gobernar a los súbditos para hacerlos dichosos, el despotismo los hace miserables con tal de gobernarlos.

Un Gobierno, del tipo que sea, será bueno cuando, sin medios extraños del tipo de guerras, inmigraciones o colonizar otros territorios, consiga que sus ciudadanos se multipliquen y prosperen. Y degenera cuando se concentra, es decir, pasa del gran número al pequeño, de la democracia a la aristocracia y de ésta a la dictadura, lo que viene a ser su inclinación natural.

En un sistema democrático el Gobierno tiene una legitimidad racional, en oposición a la legitimidad carismática que viene originada por el acatamiento y el consenso que avalan al jefe en los que acierto calificó Ortega y Gasset como “el imperio de las masas”. La legitimidad racional proviene del consenso emergente con una normativa con vigencia sociológica que respalda su acceso al poder y su ejercicio. Estas normas han sido elaboradas con la participación activa de los ciudadanos.

Cuando el pueblo no puede participar de los asuntos de Estado e influir en los actos de gobierno, el sistema social degenera en el imperio de las masas, situación extremadamente delicada en la cual las masas se manifiestan vociferantes para reclamar del Gobierno actuación política a corto plazo. El poder público se encuentra en un representante de masas y su proyecto político se recluye en el presente en vez de proyectarse hacia el futuro. Esta situación es realmente peligrosa porque puede desembocar en un estallido social.

La masa (multitud o muchedumbre) está compuesta por aquellos que, con independencia de su procedencia social, se considera a sí mismo mediocre y vulgar y está dispuesto a asumir como propias, por ese mismo motivo, todas las propuestas que formule aquel al que considere su líder. La democracia es producto de la aplicación de las opiniones mayoritarias y se basa en el planteamiento de una idea minoritaria (que no es compartida por la muchedumbre), a la cual se van adhiriendo más personas hasta que es aceptada como cierta por la mayoría de la sociedad, lo que garantiza un avance social continuo y una permanente mejora de la calidad de vida. En cambio la masa necesita ser dirigida, influida, representada y organizada, todo lo cual es un potente incentivo para poder manipularla.

Los ciudadanos deciden las propuestas que consideran adecuadas mientras que las masas deciden las personas que han de dictar las propuestas adecuadas y siempre manifestarán una adhesión inquebrantable a esas personas con independencia de la bondad de las propuestas que éstas manifiesten.

Al Gobierno se le encomiendan tres funciones:

1. Función Política. Tiene por objeto dirigir al conjunto de la Sociedad por el camino que permita satisfacer de la mejor forma sus fines específicos.
2. Función Administrativa. Por esta función se trata de garantizar el cumplimiento de las leyes desarrolladas a través del Poder Legislativo y administradas de acuerdo al Poder Judicial.
3. Función Reglamentarista. Para poder realizar mejor su trabajo, el Gobierno puede dictar Reglamentos y Decretos de Instrucciones.

El Poder Ejecutivo (o Gobierno) está encomendado al Jefe del Estado (Rey o Presidente) que es quien debe nombrar a sus ministros. En algunos países el Primer Ministro (también llamado Jefe del Gobierno) le es propuesto por el Parlamento.