VII. LA PROTECCIÓN SOCIAL
Decía
Aristóteles allá por el año 350 antes de Cristo que “Cuando (el hombre) es un
inferior a sus semejantes, tanto como lo son el cuerpo respecto del alma y el
bruto respecto del hombre, y tal que es la condición de todos aquellos en
quienes el empleo de las fuerzas corporales es el mejor y único partido que
puede sacarse de su ser, se es esclavo por naturaleza. Estos hombres, así como
los demás seres de que acabamos de hablar, no pueden hacer cosa mejor que
someterse a la autoridad de un señor”.
Significa
exactamente que la persona sin más propiedad que sus fuerzas corporales es, por
naturaleza, un esclavo y no puede ejercer la condición de ciudadano. Es una
filosofía plenamente aceptada hasta, aproximadamente, el año 1800 cuando las
ideas liberales de la Revolución Francesa se expandieron por el mundo y además
de dar fin a la práctica de la esclavitud consiguieron que los sans-culottes o
proletarios tuvieran el derecho a manifestar su opinión en los asuntos de
Estado bajo el principio de “un hombre = un voto”. A partir de esta fecha se
entiende que los más pudientes están obligados a contribuir económicamente para
mejorar la calidad de vida de los más pobres evitando que éstos dependan
exclusivamente de la caridad pública. Aunque cien años después se reconoce que
los ricos compran el voto a los pobres. Es famosa la anécdota protagonizada por
el conde de Romanones y Antonio Maura en la que el primero pagaba el voto a dos
pesetas y el segundo a tres. Actualmente el voto se compra por medios más
sutiles pero no menos eficaces. Es cierto que sin independencia socioeconómica
no hay libertad real.
En
pleno siglo XXI se entiende que los grupos necesitados de especial protección
son aquellos en peligro de exclusión social y se concentran en tres: los
pobres, las mujeres y los asalariados. Esto es así porque la concentración del
poder económico genera inmensas desproporciones de poder que dan lugar a un
problema de falta de libertad real para una gran parte de la población:
- Falta de libertad que experimenta un trabajador en precario que apenas llega a final de mes y no sabe si mañana conservará su empleo.
- Falta de libertad que experimenta una persona pobre que vive a expensas de la caridad de sus congéneres.
- Falta de libertad que experimenta un subordinado ante sus superiores jerárquicos cuando de la voluntad de los mismos depende que pueda satisfacer sus necesidades o deseos vitales.
- Falta de libertad que experimenta una mujer sujeta a la violencia machista.
Ciertamente
todos estos individuos tienen los mismos derechos fundamentales y plenos
derechos políticos, pero ninguno de ellos es realmente libre. Y no lo es porque
depende de un poder que lo domina pudiendo interferir arbitrariamente en sus
decisiones.
El
fenómeno de la globalización de la economía se ha caracterizado por aportar
grandes cambios en el ámbito del trabajo respecto a las condiciones y derechos
de los trabajadores y en cuanto a las tensiones por las que atraviesan los
actores que construyen la relación de trabajo: altas tasas de desempleo,
flexibilidad en las formas de contratación, desregulación y desprotección en el
desempeño de nuevas formas de trabajo, aumento de la informalidad laboral,
disminución de salarios e incapacidad del Estado para cumplir con su función de
administrador de recursos. Estos cambios han sido tan evidentes que la propia
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) se vio obligada en 1999 una
directiva para definir el “trabajo decente” como “aquel trabajo productivo en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos
del trabajador son protegidos y que cuenta con una remuneración adecuada y
protección social”.
Esta
protección social que, en esencia, debe permitir a los miembros de los
colectivos en riesgo de exclusión social desembarazarse de la dictadura de
aquellos a los que están sometidos se implementa de tres formas:
- EDUCACIÓN. Estableciendo una red de colegios públicos donde se imparta de forma gratuita la enseñanza para toda la población o subvencionando instituciones privadas para que lo hagan en aquellos lugares en que el Estado no pueda llegar con su propia red de colegios.
- SANIDAD. Estableciendo una red sanitaria pública que cubra las necesidades básicas de los ciudadanos, entendiendo por tales la consulta por el especialista en medicina general y la atención de las urgencias médicas.
- AYUDA SOCIAL. Estableciendo albergues que den cobijo a aquellos sin techo donde dormir y aportando ayudas económicas a quienes no tienen medios suficientes de subsistencia.
Las dos
primeras opciones son entendidas de forma similar en todo el mundo con las
lógicas variaciones del volumen de protección otorgado: se incluyen los libros
de texto, los gastos de transporte escolar, las estancias hospitalarias, los
gastos en medicinas y en qué medida o, por el contrario, se limitan a los
servicios básicos. En cambio la tercera (la Ayuda Social) es interpretada de
forma muy distinta en Estados Unidos y en la Unión Europea. Diríase que el
espíritu del antiguo Herrenclub prusiano
vuelve a sobrevolar la vieja Europa.
En la
Unión Europea existen dos tipos de ayuda social: los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión.
Los
Fondos Estructurales tratan de impulsar el desarrollo económico en todo el
territorio de la Unión y se componen de dos agregados:
- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (fondos FEDER) que es el más importante y concede ayudas para la construcción de infraestructuras la realización de inversiones productivas capaces de generar empleo, sobre todo en beneficio de las empresas.
- El Fondo Social Europeo (FSE) que financia principalmente las actividades de formación para favorecer la inserción profesional de los desempleados y de los sectores más desfavorecidos de la población.
Estos
Fondos Estructurales complementan las subvenciones otorgadas temporalmente por
los Estados a aquellos que han perdido su empleo y tienen su contraparte en los
Estados Unidos con la Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF por sus
siglas en inglés) que es un programa de asistencia pública que otorga
asistencia de dinero en efectivo a familias necesitadas y además brindan
servicios de apoyo necesarios para la formación profesional y que incluyen los
siguientes: Consejería ocupacional, Talleres de empleabilidad, Transportación,
Cuidado de niños, Experiencia de empleo, Empleo, Incentivos económicos y Dieta.
Ambos fondos (Estructurales y TANF) son, pues, muy similares en sus objetivos.
No ocurre lo mismo con los Fondos de Cohesión.
La
finalidad del Fondo de Cohesión consiste en financiar proyectos de infraestructuras
relacionados con el medio ambiente y los transportes y están destinados a
aquellos países miembros de la Unión Europea cuyo PIB medio per cápita es
inferior al 90% de la media comunitaria cuyo déficit público sea inferior al 3%
del PIB nacional. Se dirigen a tres objetivos:
- La Convergencia. Tratan de acelerar la convergencia de las regiones y los Estados miembros menos desarrollados mejorando las condiciones que favorezcan el crecimiento y el empleo. Es un objetivo financiado por los Fondos FEDER, FSE y el Fondo de Cohesión. FEDER y FSE financian un 75% de la inversión y los Fondos de Cohesión un 85%.
- Competitividad regional y empleo. Persigue la anticipación a los cambios económicos y sociales, la promoción de la innovación, el espíritu empresarial, la protección del medioambiente y el desarrollo de mercados laborales que fomentan la integración de las regiones no incluidas en el objetico Convergencia y es financiado por el FEDER y el FSE en un porcentaje de hasta el 50%.
- Cooperación territorial europea. Refuerza la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional en los ámbitos de del desarrollo urbano, rural y costero, del desarrollo de las relaciones económicas y de la integración en redes de las pequeñas y medianas empresas. Es financiado por el FEDER con hasta el 75% del gasto público.
El
apoyo de los Fondos Estructurales y de Cohesión equivale siempre a una
cofinanciación y todos los proyectos deben respetar la legislación europea,
sobre todo en materia de competencia, medio ambiente y adjudicación de
contratos públicos. Talmente parece una plasmación clara de la máxima según la
cual es preferible enseñar a pescar antes que dar un pez: en vez de otorgar ayudas a los ciudadanos se
otorgan a las empresas para que puedan crear las condiciones que impulsen la
actividad económica (y, por ende, el empleo) de los distintos países de la
Unión Europea. Pero es una apariencia falsa y tramposa:
En
España hemos visto como estos fondos se destinaban a cambiar las farolas o el
pavimento en las ciudades, a construir rutas peatonales o equipos de gimnasia
en los parques públicos, aeropuertos que nunca llegaron a ver un solo vuelo,
centros de estudio de las aves o museos extraños o centros sociales diversos
que nunca llegaron a abrirse, líneas de tren de Alta Velocidad a lugares que
aportan un máximo de tres pasajeros diarios, autopistas a ninguna parte, cursos
de formación profesional sin ninguna utilidad para el desempeño de cualquier
tipo de trabajo laboral, etcétera. Y todo ello a unos precios escandalosamente
altos mientras no cesan de hacerse públicos casos de corrupción pública entre los
partidos políticos y los sindicatos e, incluso, entre las asociaciones de
empresarios. Todo ello mientras las vías de ferrocarril destinadas al tráfico
de mercancías no reciben ninguna atención o mientras se continúan subiendo las
tasas portuarias y aeroportuarias que penalizan las exportaciones. Pudiera
parecer que el desarrollo legislativo de los fondos sociales de la Unión
Europea tiene algún tipo de agujeros negros pero si tenemos en cuenta lo
ocurrido con otro tipo de fondos (la P.A.C. o los Fondos Mineros por ejemplo) y
los escándalos en relación con sus subvenciones (caso del lino, del aceite de
oliva o del cierre de empresas para trasladarlas a las comarcas mineras y así
recibir subvención sin necesidad de crear empleo) tenemos que concluir que la
política social europea no está diseñada para ayudar a los ciudadanos en riesgo
de exclusión social sino para enriquecer por vías ilícitas a una serie de
privilegiados.
En
Estados Unidos, por el contrario, se han enfocado en la ayuda al ciudadano
mediante el Programa de asistencia de
nutrición suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés). Se trata de
proporcionar beneficios a personas de bajos ingresos que los pueden usar para
mejorar sus dietas a través de una tarjeta electrónica que se puede utilizar en
el cajero automático para comprar alimentos elegibles en tiendas de
alimentación autorizadas. A través de sus colaboradores SNAP les enseña a los
ciudadanos a hacer elecciones de alimentación saludable y de un estilo de vida
activo. Tienen que dedicar un 75% de sus beneficios para la compra en comercios
certificados por el Departamento de la Familia y el otro 25% pueden obtenerlo a
través del Cajero Automático para adquirirlos en cualquier otro comercio pero
el total de los beneficios deben emplearse en comprar alimentos elegibles. No
se puede comprar la comida preparada para consumo inmediato, alcohol,
cigarrillos, detergentes, pañales desechables o artículos de uso personal,
entre otros. Estas ayudas son perfectamente compatibles con las TANF
anteriormente mencionadas.
Para
acceder al SNAP es necesario cumplir una serie de requisitos que ven desde unos
ingresos brutos mensuales en función del tamaño del hogar (para una persona
sola se establecen en unos ingresos brutos máximos de 1.245 dólares, para un
hogar de dos personas en 1.681 dólares, para tres personas en 2.116 dólares,
etc.). Este es el único requisito que necesita cumplir aquel hogar con una
persona mayor o discapacitada. El importe que le correspondería sería el
resultado de multiplicar sus ingresos brutos por 0,3 y el resultado se resta de
la cantidad máxima permitida para el tamaño de ese hogar (200 dólares mensuales
para una sola persona, 367 para dos personas, 526 para tres personas, etc.). Un
ejemplo: si un hogar de una sola persona tiene un ingreso neto de $500, esta
cantidad se multiplica por 0,3 para obtener $150. Por consiguiente, los $150 se
restan de la cantidad máxima de $200 para un hogar de una persona para obtener
el importe de la ayuda que sería en este caso de $50 mensuales.
Para el
resto de circunstancias se tienen en cuenta los saldos en cuentas bancarias
($2000 o $3250 si al menos una persona es mayor de 60 años o está inválida).
Sin embargo no se tienen en cuenta la propiedad de una casa o un terreno o los
ingresos de seguridad suplementario (SSI) o los recursos de la asistencia
temporal para familias necesitadas (TANF) y la mayoría de los planes de
jubilación. A los ingresos brutos más arriba señalados habría que deducir
algunos importes como:
- Una deducción por el cuidado de dependientes cuando sea necesario para el trabajo, entrenamiento o educación.
- Gastos médicos para los miembros ancianos o discapacitados superiores a $35 al mes si no los paga el seguro u otra persona.
- Pagos por manutención infantil legalmente adeudados.
- Costos de excesos de refugio que suponen más de la mitad de los ingresos después de otras deducciones. En estos costos se incluyen el combustible para calentar y cocinar con electricidad, agua, la cuota básica para un teléfono, el importe del alquiler o hipoteca y los impuestos sobre la vivienda. El importe de la deducción por la vivienda no puede exceder de $478 a menos que existan en el hogar ancianos o discapacitados.
Las
ayudas TANF comprenden ayudas económicas y médicas, son compatibles con otros
ingresos y tienen una duración máxima de 60 meses. Las ayudas SNAP no tienen un
límite de duración. Y una aclaración importante porque es prácticamente
desconocida en España: en Estados Unidos el trabajador cobra mensualmente su
salario más el importe de la Seguridad Social que está en su mano decidir si lo
aporta a un seguro médico y a un plan de pensiones o decide ahorrarlo en su
cuenta bancaria o, incluso, gastarlo. El Presidente Obama ha logrado aprobar
una controvertida legislación sobre los servicios médicos que, básicamente,
consiste en lo siguiente:
• La
ley de servicios de salud accesibles contiene más de mil páginas de reformas a
las industrias de aseguradoras y de cuidados de salud, con el objetivo de
reducir los costos de estos servicios,
logrando así dar seguros médicos costeables a todos los americanos.
•
Actualmente hay cerca de 44 millones de americanos que no cuentan con los
recursos para obtener un seguro de gastos médicos. Una de las principales
actividades de ObamaCare es ayudar a estas personas a obtener estos seguros
extendiendo Medicaid y Medicare, además de ofrecer asistencia a los Americanos
que no pueden costear servicios de salud.
• Para
el 1o de enero del 2014, todos los americanos deberán contar con seguro de
gastos médicos o pagar una cuota en sus impuestos anuales. Muchos Americanos
calificarán para tener un subsidio de los costos de estos seguros que puede ir
desde un 0% a un 9.5% de sus ingresos declarados. Los seguros subsidiados
pueden ser adquiridos mediante Meath Insúmanse Marketplace.
Teniendo
en cuenta que la presión fiscal agregada (% sobre el PIB) ha sido el que se
detalla en el cuadro siguiente en 2003, resultan más llamativas las diferencias
en los resultados obtenidos en relación con las ayudas a los colectivos en
riesgo de exclusión social:
Suecia 51,4% tasa de paro a Diciembre de
2013: 8,00%
Dinamarca 49,8% tasa de paro a Diciembre de
2013: 6,90%
Bélgica 48,1% tasa de paro a Diciembre de
2013: 8,40%
Francia 45,7% tasa de paro a Diciembre de
2013: 10,80%
Finlandia 45,1% tasa de paro a Diciembre de
2013: 8,40%
Austria 44,8% tasa de paro a Diciembre de
2013: 4,90%
Italia 43,2% tasa de paro a Diciembre de
2013: 12,70%
Europa 15 42,2% tasa de paro a Diciembre de
2013: 10,70% (1)
Alemania 41,7% tasa de paro a Diciembre de
2013: 5,10%
Holanda 39,3% tasa de paro a Diciembre de
2013: 7,00%
Grecia 38,6% tasa de paro a Diciembre de
2013: 28,00%
Portugal 38,1% tasa de paro a Diciembre de
2013: 15,40%
Reino
Unido 38,0% tasa de paro a Diciembre de
2013: 7,20%
España 36,6% tasa de paro a Diciembre de
2013: 25,80%
Irlanda 31,2% tasa de paro a Diciembre de
2013: 12,10%
Japón 25,8% tasa de paro a Diciembre de
2013: 3,70%
Estados Unidos 25,4% tasa
de paro a Diciembre de 2013: 6,70%
- La tasa de paro de Europa se refiere a los 27 países.
La
desproporción resulta evidente: Con una presión fiscal del 42% Europa tiene un
10,70% de desempleo mientras que Japón o Estados Unidos con una presión fiscal
del 26% tienen un 3,70% y un 6,70% respectivamente. Algo se está haciendo mal.
Lo
cierto es que todas las iniciativas gubernamentales establecidas, así como los
sistemas de protección social demostraron ser claramente insuficientes para
proteger a los ciudadanos de las consecuencias de las altas tasas de paro
originadas por la crisis mundial de 2008 que han generado un riesgo de
estallido social ante los recortes sufridos en los fondos destinados a tal fin.
Que en Diciembre de 2013 haya en Europa 14 países con una tasa de paro superior
al 10% (España, Francia, Italia, Portugal, Bulgaria, Chipre, Grecia, Croacia,
Irlanda, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) supone un
verdadero drama no solo para los individuos sino también para los países porque
la actividad económica es la que genera la riqueza de un país y para llevarla a
cabo se necesita capital y mano de obra. No utilizar la mano de obra disponible
equivale a renunciar a una parte de su riqueza.
Existe
una propuesta para implementar la llamada Renta
Básica Universal, definida como “un ingreso modesto pero suficiente para
cubrir las necesidades básicas de la vida, garantizado a cada miembro de la
sociedad como un derecho y no sujeto a otra condición que la de ciudadanía o
residencia legal”. Es una propuesta romántica y que es posible que se pueda
implantar en el futuro pero actualmente resulta inviable porque supondría
aumentar la presión fiscal al entorno del 55%, situación que la economía
mundial no se puede permitir. Para aproximarse a este cálculo solo es necesario
multiplicar el importe que se adjudicaría a cada ciudadano por el número de
ciudadanos y comparar el resultado con el Producto Interior Bruto del país en
cuestión.
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