domingo, 23 de marzo de 2014

LA PROTECCIÓN SOCIAL


VII. LA PROTECCIÓN SOCIAL

 

 

Decía Aristóteles allá por el año 350 antes de Cristo que “Cuando (el hombre) es un inferior a sus semejantes, tanto como lo son el cuerpo respecto del alma y el bruto respecto del hombre, y tal que es la condición de todos aquellos en quienes el empleo de las fuerzas corporales es el mejor y único partido que puede sacarse de su ser, se es esclavo por naturaleza. Estos hombres, así como los demás seres de que acabamos de hablar, no pueden hacer cosa mejor que someterse a la autoridad de un señor”.

Significa exactamente que la persona sin más propiedad que sus fuerzas corporales es, por naturaleza, un esclavo y no puede ejercer la condición de ciudadano. Es una filosofía plenamente aceptada hasta, aproximadamente, el año 1800 cuando las ideas liberales de la Revolución Francesa se expandieron por el mundo y además de dar fin a la práctica de la esclavitud consiguieron que los sans-culottes o proletarios tuvieran el derecho a manifestar su opinión en los asuntos de Estado bajo el principio de “un hombre = un voto”. A partir de esta fecha se entiende que los más pudientes están obligados a contribuir económicamente para mejorar la calidad de vida de los más pobres evitando que éstos dependan exclusivamente de la caridad pública. Aunque cien años después se reconoce que los ricos compran el voto a los pobres. Es famosa la anécdota protagonizada por el conde de Romanones y Antonio Maura en la que el primero pagaba el voto a dos pesetas y el segundo a tres. Actualmente el voto se compra por medios más sutiles pero no menos eficaces. Es cierto que sin independencia socioeconómica no hay libertad real.

En pleno siglo XXI se entiende que los grupos necesitados de especial protección son aquellos en peligro de exclusión social y se concentran en tres: los pobres, las mujeres y los asalariados. Esto es así porque la concentración del poder económico genera inmensas desproporciones de poder que dan lugar a un problema de falta de libertad real para una gran parte de la población:

  • Falta de libertad que experimenta un trabajador en precario que apenas llega a final de mes y no sabe si mañana conservará su empleo.
  • Falta de libertad que experimenta una persona pobre que vive a expensas de la caridad de sus congéneres.
  • Falta de libertad que experimenta un subordinado ante sus superiores jerárquicos cuando de la voluntad de los mismos depende que pueda satisfacer sus necesidades o deseos vitales.
  • Falta de libertad que experimenta una mujer sujeta a la violencia machista.

Ciertamente todos estos individuos tienen los mismos derechos fundamentales y plenos derechos políticos, pero ninguno de ellos es realmente libre. Y no lo es porque depende de un poder que lo domina pudiendo interferir arbitrariamente en sus decisiones.

El fenómeno de la globalización de la economía se ha caracterizado por aportar grandes cambios en el ámbito del trabajo respecto a las condiciones y derechos de los trabajadores y en cuanto a las tensiones por las que atraviesan los actores que construyen la relación de trabajo: altas tasas de desempleo, flexibilidad en las formas de contratación, desregulación y desprotección en el desempeño de nuevas formas de trabajo, aumento de la informalidad laboral, disminución de salarios e incapacidad del Estado para cumplir con su función de administrador de recursos. Estos cambios han sido tan evidentes que la propia Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) se vio obligada en 1999 una directiva para definir el “trabajo decente” como “aquel trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos del trabajador son protegidos y que cuenta con una remuneración adecuada y protección social”.

Esta protección social que, en esencia, debe permitir a los miembros de los colectivos en riesgo de exclusión social desembarazarse de la dictadura de aquellos a los que están sometidos se implementa de tres formas:

  1. EDUCACIÓN. Estableciendo una red de colegios públicos donde se imparta de forma gratuita la enseñanza para toda la población o subvencionando instituciones privadas para que lo hagan en aquellos lugares en que el Estado no pueda llegar con su propia red de colegios.
  2. SANIDAD. Estableciendo una red sanitaria pública que cubra las necesidades básicas de los ciudadanos, entendiendo por tales la consulta por el especialista en medicina general y la atención de las urgencias médicas.
  3. AYUDA SOCIAL. Estableciendo albergues que den cobijo a aquellos sin techo donde dormir y aportando ayudas económicas a quienes no tienen medios suficientes de subsistencia.

Las dos primeras opciones son entendidas de forma similar en todo el mundo con las lógicas variaciones del volumen de protección otorgado: se incluyen los libros de texto, los gastos de transporte escolar, las estancias hospitalarias, los gastos en medicinas y en qué medida o, por el contrario, se limitan a los servicios básicos. En cambio la tercera (la Ayuda Social) es interpretada de forma muy distinta en Estados Unidos y en la Unión Europea. Diríase que el espíritu del antiguo Herrenclub prusiano vuelve a sobrevolar la vieja Europa.

En la Unión Europea existen dos tipos de ayuda social: los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión.

Los Fondos Estructurales tratan de impulsar el desarrollo económico en todo el territorio de la Unión y se componen de dos agregados:

  • El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (fondos FEDER) que es el más importante y concede ayudas para la construcción de infraestructuras la realización de inversiones productivas capaces de generar empleo, sobre todo en beneficio de las empresas.
  • El Fondo Social Europeo (FSE) que financia principalmente las actividades de formación para favorecer la inserción profesional de los desempleados y de los sectores más desfavorecidos de la población.

Estos Fondos Estructurales complementan las subvenciones otorgadas temporalmente por los Estados a aquellos que han perdido su empleo y tienen su contraparte en los Estados Unidos con la Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés) que es un programa de asistencia pública que otorga asistencia de dinero en efectivo a familias necesitadas y además brindan servicios de apoyo necesarios para la formación profesional y que incluyen los siguientes: Consejería ocupacional, Talleres de empleabilidad, Transportación, Cuidado de niños, Experiencia de empleo, Empleo, Incentivos económicos y Dieta. Ambos fondos (Estructurales y TANF) son, pues, muy similares en sus objetivos. No ocurre lo mismo con los Fondos de Cohesión.

La finalidad del Fondo de Cohesión consiste en financiar proyectos de infraestructuras relacionados con el medio ambiente y los transportes y están destinados a aquellos países miembros de la Unión Europea cuyo PIB medio per cápita es inferior al 90% de la media comunitaria cuyo déficit público sea inferior al 3% del PIB nacional. Se dirigen a tres objetivos:

  1. La Convergencia. Tratan de acelerar la convergencia de las regiones y los Estados miembros menos desarrollados mejorando las condiciones que favorezcan el crecimiento y el empleo. Es un objetivo financiado por los Fondos FEDER, FSE y el Fondo de Cohesión. FEDER y FSE financian un 75% de la inversión y los Fondos de Cohesión un 85%.
  2. Competitividad regional y empleo. Persigue la anticipación a los cambios económicos y sociales, la promoción de la innovación, el espíritu empresarial, la protección del medioambiente y el desarrollo de mercados laborales que fomentan la integración de las regiones no incluidas en el objetico Convergencia y es financiado por el FEDER y el FSE en un porcentaje de hasta el 50%.
  3. Cooperación territorial europea. Refuerza la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional en los ámbitos de del desarrollo urbano, rural y costero, del desarrollo de las relaciones económicas y de la integración en redes de las pequeñas y medianas empresas. Es financiado por el FEDER con hasta el 75% del gasto público.

El apoyo de los Fondos Estructurales y de Cohesión equivale siempre a una cofinanciación y todos los proyectos deben respetar la legislación europea, sobre todo en materia de competencia, medio ambiente y adjudicación de contratos públicos. Talmente parece una plasmación clara de la máxima según la cual es preferible enseñar a pescar antes que dar un pez:  en vez de otorgar ayudas a los ciudadanos se otorgan a las empresas para que puedan crear las condiciones que impulsen la actividad económica (y, por ende, el empleo) de los distintos países de la Unión Europea. Pero es una apariencia falsa y tramposa:

En España hemos visto como estos fondos se destinaban a cambiar las farolas o el pavimento en las ciudades, a construir rutas peatonales o equipos de gimnasia en los parques públicos, aeropuertos que nunca llegaron a ver un solo vuelo, centros de estudio de las aves o museos extraños o centros sociales diversos que nunca llegaron a abrirse, líneas de tren de Alta Velocidad a lugares que aportan un máximo de tres pasajeros diarios, autopistas a ninguna parte, cursos de formación profesional sin ninguna utilidad para el desempeño de cualquier tipo de trabajo laboral, etcétera. Y todo ello a unos precios escandalosamente altos mientras no cesan de hacerse públicos casos de corrupción pública entre los partidos políticos y los sindicatos e, incluso, entre las asociaciones de empresarios. Todo ello mientras las vías de ferrocarril destinadas al tráfico de mercancías no reciben ninguna atención o mientras se continúan subiendo las tasas portuarias y aeroportuarias que penalizan las exportaciones. Pudiera parecer que el desarrollo legislativo de los fondos sociales de la Unión Europea tiene algún tipo de agujeros negros pero si tenemos en cuenta lo ocurrido con otro tipo de fondos (la P.A.C. o los Fondos Mineros por ejemplo) y los escándalos en relación con sus subvenciones (caso del lino, del aceite de oliva o del cierre de empresas para trasladarlas a las comarcas mineras y así recibir subvención sin necesidad de crear empleo) tenemos que concluir que la política social europea no está diseñada para ayudar a los ciudadanos en riesgo de exclusión social sino para enriquecer por vías ilícitas a una serie de privilegiados.

En Estados Unidos, por el contrario, se han enfocado en la ayuda al ciudadano mediante el Programa de asistencia de nutrición suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés). Se trata de proporcionar beneficios a personas de bajos ingresos que los pueden usar para mejorar sus dietas a través de una tarjeta electrónica que se puede utilizar en el cajero automático para comprar alimentos elegibles en tiendas de alimentación autorizadas. A través de sus colaboradores SNAP les enseña a los ciudadanos a hacer elecciones de alimentación saludable y de un estilo de vida activo. Tienen que dedicar un 75% de sus beneficios para la compra en comercios certificados por el Departamento de la Familia y el otro 25% pueden obtenerlo a través del Cajero Automático para adquirirlos en cualquier otro comercio pero el total de los beneficios deben emplearse en comprar alimentos elegibles. No se puede comprar la comida preparada para consumo inmediato, alcohol, cigarrillos, detergentes, pañales desechables o artículos de uso personal, entre otros. Estas ayudas son perfectamente compatibles con las TANF anteriormente mencionadas.

Para acceder al SNAP es necesario cumplir una serie de requisitos que ven desde unos ingresos brutos mensuales en función del tamaño del hogar (para una persona sola se establecen en unos ingresos brutos máximos de 1.245 dólares, para un hogar de dos personas en 1.681 dólares, para tres personas en 2.116 dólares, etc.). Este es el único requisito que necesita cumplir aquel hogar con una persona mayor o discapacitada. El importe que le correspondería sería el resultado de multiplicar sus ingresos brutos por 0,3 y el resultado se resta de la cantidad máxima permitida para el tamaño de ese hogar (200 dólares mensuales para una sola persona, 367 para dos personas, 526 para tres personas, etc.). Un ejemplo: si un hogar de una sola persona tiene un ingreso neto de $500, esta cantidad se multiplica por 0,3 para obtener $150. Por consiguiente, los $150 se restan de la cantidad máxima de $200 para un hogar de una persona para obtener el importe de la ayuda que sería en este caso de $50 mensuales.

Para el resto de circunstancias se tienen en cuenta los saldos en cuentas bancarias ($2000 o $3250 si al menos una persona es mayor de 60 años o está inválida). Sin embargo no se tienen en cuenta la propiedad de una casa o un terreno o los ingresos de seguridad suplementario (SSI) o los recursos de la asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) y la mayoría de los planes de jubilación. A los ingresos brutos más arriba señalados habría que deducir algunos importes como:

  • Una deducción por el cuidado de dependientes cuando sea necesario para el trabajo, entrenamiento o educación.
  • Gastos médicos para los miembros ancianos o discapacitados superiores a $35 al mes si no los paga el seguro u otra persona.
  • Pagos por manutención infantil legalmente adeudados.
  • Costos de excesos de refugio que suponen más de la mitad de los ingresos después de otras deducciones. En estos costos se incluyen el combustible para calentar y cocinar con electricidad, agua, la cuota básica para un teléfono, el importe del alquiler o hipoteca y los impuestos sobre la vivienda. El importe de la deducción por la vivienda no puede exceder de $478 a menos que existan en el hogar ancianos o discapacitados.

Las ayudas TANF comprenden ayudas económicas y médicas, son compatibles con otros ingresos y tienen una duración máxima de 60 meses. Las ayudas SNAP no tienen un límite de duración. Y una aclaración importante porque es prácticamente desconocida en España: en Estados Unidos el trabajador cobra mensualmente su salario más el importe de la Seguridad Social que está en su mano decidir si lo aporta a un seguro médico y a un plan de pensiones o decide ahorrarlo en su cuenta bancaria o, incluso, gastarlo. El Presidente Obama ha logrado aprobar una controvertida legislación sobre los servicios médicos que, básicamente, consiste en lo siguiente:

• La ley de servicios de salud accesibles contiene más de mil páginas de reformas a las industrias de aseguradoras y de cuidados de salud, con el objetivo de reducir los costos de estos  servicios, logrando así dar seguros médicos costeables a todos los americanos.

• Actualmente hay cerca de 44 millones de americanos que no cuentan con los recursos para obtener un seguro de gastos médicos. Una de las principales actividades de ObamaCare es ayudar a estas personas a obtener estos seguros extendiendo Medicaid y Medicare, además de ofrecer asistencia a los Americanos que no pueden costear servicios de salud.

• Para el 1o de enero del 2014, todos los americanos deberán contar con seguro de gastos médicos o pagar una cuota en sus impuestos anuales. Muchos Americanos calificarán para tener un subsidio de los costos de estos seguros que puede ir desde un 0% a un 9.5% de sus ingresos declarados. Los seguros subsidiados pueden ser adquiridos mediante Meath Insúmanse Marketplace.

Teniendo en cuenta que la presión fiscal agregada (% sobre el PIB) ha sido el que se detalla en el cuadro siguiente en 2003, resultan más llamativas las diferencias en los resultados obtenidos en relación con las ayudas a los colectivos en riesgo de exclusión social:

Suecia                                  51,4%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:            8,00%

Dinamarca                          49,8%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:            6,90%

Bélgica                                 48,1%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:            8,40%

Francia                                 45,7%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:          10,80%

Finlandia                             45,1%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:           8,40%

Austria                                 44,8%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:            4,90%

Italia                                     43,2%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:          12,70%

Europa 15                           42,2%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:          10,70% (1)

Alemania                            41,7%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:            5,10%

Holanda                              39,3%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:            7,00%

Grecia                                  38,6%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:          28,00%

Portugal                              38,1%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:          15,40%

Reino Unido                      38,0%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:            7,20%

España                                 36,6%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:          25,80%

Irlanda                                 31,2%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:          12,10%

Japón                                   25,8%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:            3,70%

Estados Unidos                               25,4%                   tasa de paro a Diciembre de 2013:            6,70%

 

  1. La tasa de paro de Europa se refiere a los 27 países.

La desproporción resulta evidente: Con una presión fiscal del 42% Europa tiene un 10,70% de desempleo mientras que Japón o Estados Unidos con una presión fiscal del 26% tienen un 3,70% y un 6,70% respectivamente. Algo se está haciendo mal.

Lo cierto es que todas las iniciativas gubernamentales establecidas, así como los sistemas de protección social demostraron ser claramente insuficientes para proteger a los ciudadanos de las consecuencias de las altas tasas de paro originadas por la crisis mundial de 2008 que han generado un riesgo de estallido social ante los recortes sufridos en los fondos destinados a tal fin. Que en Diciembre de 2013 haya en Europa 14 países con una tasa de paro superior al 10% (España, Francia, Italia, Portugal, Bulgaria, Chipre, Grecia, Croacia, Irlanda, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) supone un verdadero drama no solo para los individuos sino también para los países porque la actividad económica es la que genera la riqueza de un país y para llevarla a cabo se necesita capital y mano de obra. No utilizar la mano de obra disponible equivale a renunciar a una parte de su riqueza.

Existe una propuesta para implementar la llamada Renta Básica Universal, definida como “un ingreso modesto pero suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, garantizado a cada miembro de la sociedad como un derecho y no sujeto a otra condición que la de ciudadanía o residencia legal”. Es una propuesta romántica y que es posible que se pueda implantar en el futuro pero actualmente resulta inviable porque supondría aumentar la presión fiscal al entorno del 55%, situación que la economía mundial no se puede permitir. Para aproximarse a este cálculo solo es necesario multiplicar el importe que se adjudicaría a cada ciudadano por el número de ciudadanos y comparar el resultado con el Producto Interior Bruto del país en cuestión.

 

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