LA DEMOCRACIA

V. LA DEMOCRACIA

 

 

La democracia es un privilegio que solo pueden disfrutar los pueblos libres. Y ningún pueblo es libre mientras, conservando su propia esencia, no elija con entera libertad su integración en el país al que pertenece. Un ejemplo que a los españoles nos debería resultar cercano es el territorio del Sahara Occidental, antigua provincia española y en 1976 fue ocupado militarmente por Marruecos. Por muy alto que sea su nivel de vida (que no lo es), los saharauis no podrán ejercer la democracia mientras tengan conciencia de ser pueblo.

Democracia (demos = “pueblo”, kratos =” poder”) es un término que se aplica a un sistema de Gobierno en el cual se supone que es el pueblo el que ejerce el poder.

Es el sistema de gobierno más extendido en la actualidad y se le atribuye ser la culminación de las aspiraciones humanas en cuanto a organización política.

Sin embargo, el término “democracia” es aplicado a dos conceptos distintos que pueden dar lugar a confusión si no se especifica con claridad a cuál de ellos nos estamos refiriendo:

1. Una forma de votación por medio de la cual se toman decisiones colectivas para la elección de gobernantes.
2. Unas cualidades particulares que una sociedad debe de cumplir, como la participación popular, la libertad, la igualdad, o el derecho de las minorías.

Bajo el primer punto de vista nos estaríamos refiriendo a una forma de gobierno mediante la cual los gobernantes serían elegidos por mayoría en unas votaciones. En el segundo, el poder del Estado estaría limitado por una Constitución, una separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y un respeto a las minorías que habrían sido establecidos en el momento exacto de la propia creación del Estado. No faltan personas que defienden a la Monarquía (absolutista) como mejor sistema de gobierno por entender que en ella no hay conflicto de intereses, ya que el interés público y privado son el mismo mientras que en los otros cabe la corrupción, la ambición y la traición. El máximo dirigente de esta forma de gobierno puede denominarse Rey, pero también Dictador, Zar, Duce, Führer, Líder o cualquier otro apelativo que el monarca considere más adecuado.

No obstante, cuando nos referimos al “pueblo” no nos estamos refiriendo a todo el pueblo. En la Antigua Grecia estaban exentos del derecho a voto las mujeres y los esclavos. En épocas posteriores solo podían votar aquellos que fueran propietarios de terrenos y/o viviendas ya que es a éstos a quienes podría beneficiar o perjudicar una determinada política. En otros momentos solo podía ejercer este derecho el cabeza de familia, que se supone representaba los intereses de su familia. Y actualmente hay personas que carecen de este derecho por otros motivos (quizás el más generalizado es ser menores de determinada edad). Por tanto, cuando nos hablamos del poder del pueblo nos estamos refiriendo en realidad al poder de una parte del pueblo.

El sistema democrático es el más extendido actualmente solo por una razón: Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Y es que en aquel entonces tenían un presidente idealista y que quería que todo el mundo se beneficiara de las bondades del gobierno democrático (Franklin Delano Roosevelt) por lo que impulsó la creación de un utópico gobierno mundial (la Organización de las Naciones Unidas O.N.U.) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (firmada por prácticamente todas las naciones, pero aplicada en muy pocas), influyendo también en la evolución en los países derrotados de un sistema de partido único a un sistema multipartidista. La Unión Soviética aprovechó esta oportunidad para instaurar (ocupando el poder los partidos comunistas afines, aprovechando el sistema democrático), gobiernos de corte comunista en los países que tenía militarmente ocupados (Polonia, Hungría, etc.) y que una vez constituidos anulaban el sistema democrático. La defensa ante esta eventualidad en los países bajo ocupación norteamericana consistió en crear un sistema democrático que podríamos llamar descafeinado para evitar la llegada de los comunistas al poder. Un ejemplo significativo sería la llegada a la Presidencia de la República Francesa de Charles de Gaulle en 1958 que desembocó en la creación de un nuevo sistema político denominado “Quinta República” que vino a sustituir a la “Cuarta República” instaurada en 1946. Otro ejemplo sería el Golpe de Estado de los Coroneles en el año 1967 en Grecia que desembocó en una Dictadura.

Este sistema democrático light se caracteriza (en muchos países, ya que no en todos) por lo siguiente:

1. El sistema de elección de representantes del pueblo se hace por medio de listas cerradas que son confeccionadas por los partidos políticos y presentadas a la ciudadanía para su elección.
2. La elección de representantes se realiza por medio de sistemas proporcionales por contraposición al voto directo (mayormente la Ley D’Hont) que adjudica el número de escaños en proporción al número de votos de cada candidatura al objeto de primar la estabilidad del sistema con la creación y mantenimiento de partidos fuertes y evitar la fragmentación de los Parlamentos. Actualmente se utiliza este sistema en  Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda del Norte, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suiza, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Israel, Japón y Turquía.
3. Los ciudadanos no tienen un poder real para remover a sus gobernantes más que con unas fórmulas rebuscadas que en la realidad son impracticables.
4. Los responsables del Poder Ejecutivo son elegidos por el Parlamento, salvo en el caso de las monarquías parlamentarias a cuyo cargo se accede por lazos de sangre con el anterior monarca, y siendo elegido por el Parlamento el Jefe del Gobierno.
5. Los mismos parlamentarios establecen las normas para el acceso a las responsabilidades del Poder Judicial, vetando a los ciudadanos cualquier participación en la elección de sus responsables.
6. La única participación real de los ciudadanos en el ejercicio del poder se reduce a elegir cada determinado tiempo una lista de candidatos al Parlamento entre todas aquellas que les ofrecen los partidos políticos.

En consecuencia, la soberanía de estos países reside en el Parlamento y no en el pueblo, por lo que su sistema de gobierno real es uno de estos tres:

1. Aristocracia. Donde los aristócratas son los miembros de los partidos políticos. Es un sistema de gobierno positivo y deseable. En opinión de Aristóteles significa el gobierno de unos pocos y en opinión de Platón significa el gobierno de los mejores. De cualquiera de las dos formas que se identifique viene a suponer que un pequeño grupo de ciudadanos son los depositarios de la soberanía nacional y, en consecuencia, asumen todo el poder.
2. Oligarquía. Es una degeneración del sistema aristocrático y se considera (ver el capítulo sobre el Estado) negativo e indeseable. Deviene cuando la elección de los “aristócratas” o “casta política” se realiza sin que las cualidades éticas y de dirección de los mejores surjan como mérito reconocido por la comunidad, siendo sustituidas por la adhesión a los líderes de su partido.
3. Demagogia. En la que la Ley es subordinada al capricho de las masas y los gobernantes dan más importancia a los sentimientos de los ciudadanos y orientan la acción política en función de los mismos.

La aplicación de la Ley D’Hont, que pretende otorgar una estabilidad al sistema favoreciendo la creación y consolidación de dos partidos mayoritarios, favorece en gran medida el tránsito del sistema aristocrático al sistema oligárquico.

Como ejemplo de un sistema realmente democrático (independientemente de otras cuestiones que se pudieran valorar) tenemos a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que en ese país se aplican los principios exigidos a una Democracia:

1. Los ciudadanos eligen al Poder Legislativo mediante elección uninominal al Senado y a la Cámara de Representantes, llamados respectivamente senadores y congresistas. No se elige una lista sino a una persona.
2. Los ciudadanos eligen al Poder Ejecutivo mediante elección nominal, tanto a la Presidencia de su Estado como a la Presidencia del país.
3. Los ciudadanos eligen al Poder Judicial mediante elección nominal del Fiscal Jefe de cada término judicial. Éste elegirá a sus fiscales colaboradores.
4. Los ciudadanos eligen al responsable policial del condado (llamado sheriff o marshall) mediante elección directa.

Y tienen medios legales para destituir a cualquier cargo público (el llamado  impeachment).

Una vez aclarados estos conceptos, podemos entrar en materia:

Un Estado democrático es aquel en el cual sus ciudadanos son llamados a expresar de forma directa su opinión en todo aquello que modifica o puede modificar su forma de vida, comenzando por la elaboración y modificación de la Constitución. El Estado se constituye por la asociación de un cierto número de personas que toman colectivamente el nombre de “pueblo” o “ciudadanos” en cuanto que son partícipes de la autoridad soberana y el de “súbditos” por estar sometidos a las leyes del Estado y, en consecuencia, cada ciudadano debe ejercer su derecho soberano a constituir el Estado y a dictar las normal por las cuales se ha de regir. También, desde ese mismo instante, se subordina a las decisiones de la mayoría de sus conciudadanos. De esta forma se obliga a actuar en base a determinados principios en vez de seguir sus propias inclinaciones.

Estos derechos de soberanía son inalienables ya que la soberanía no es más que el ejercicio de la voluntad general  y el poder soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite pero nunca la voluntad. La declaración de esa voluntad constituye en sí un acto de soberanía y es de ley.

De este principio se deduce que existe una igualdad de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos del cuerpo social. Y su voluntad, para que verdaderamente sea general, debe serlo tanto en su objeto como su esencia: debe partir de todos para ser aplicable a todos. En definitiva, el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad, por la que se obligan bajo las mismas condiciones y por la que gozan de idénticos derechos. El fin de cualquier sistema de legislación debe ser apuntalar dos principios fundamentales: la libertad y la igualdad. No se concebiría una sin la otra.

No es bastante que el pueblo reunido haya establecido la constitución del Estado y sancionado un cuerpo de Leyes: debe organizar de una vez para siempre su forma de Gobierno y la elección de sus gobernantes. Sería absurdo y contradictorio que el pueblo (como poder soberano) se subordinara a un poder superior. Por tanto puede nombrar y destituir a sus gobernantes cuando quiera ya que éstos no dejan de ser sus funcionarios que al asumir las funciones que el Estado les impone no hacen más que cumplir con su deber de ciudadanos. Y dado que la elección de jefes es un acto de soberanía, deberían ser elegidos por sufragios celebrados en periodos previamente determinados, en los cuales todos los ciudadanos puedan expresar libremente su opinión.

No se puede imaginar que el pueblo viva constantemente reunido para ocuparse de los asuntos públicos por lo que delega este tipo de ocupación en el Gobierno. El poder soberano transmite sus órdenes al Gobierno mediante Leyes que elabora al margen del mismo. Para la redacción de dichas Leyes elige un Poder Legislativo que, para que el Estado logre un equilibrio, debe tener una igualdad de poder en relación al Gobierno.

Al Gobierno le corresponde la ejecución de las leyes y el mantenimiento de las libertades, pero no deja de ser un conjunto de simples funcionarios bajo las órdenes del poder soberano, que está dirigido por la voluntad general del pueblo bajo cuya delegación ejerce sus funciones. El pueblo, en tanto que es el poseedor de dicho poder, puede limitar, modificar o reasumir dicha delegación cuando le convenga dado que la enajenación de tal derecho sería opuesta a los fines de la asociación por la que se creó el Estado.

Los políticos, no pudiendo dividir nuestra soberanía en principio, la dividen en su objeto: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Estas partes no constituyen partes integrantes de la autoridad soberana: son meras emanaciones de ella. Los derechos que se toman de la soberanía están todos subordinados a ella y suponen siempre la ejecución de voluntades supremas, pues estos derechos no autorizan sino la ejecución.

Los ciudadanos siempre quieren su propio bien, pero no siempre lo comprenden. Y, aunque jamás se corrompe al pueblo, a menudo se le engaña y es entonces cuando parece querer el mal. Si una vez debidamente informados se les permitiera deliberar sin recibir ninguna comunicación sobre el objeto de su deliberación, la expresión de su voluntad general sería siempre buena. Pero cuando se forman intrigas y asociaciones con interés político o económico puede ocurrir que no haya tantos votantes como ciudadanos, sino tantos como asociaciones. Cuando un partido político es tan grande que predomina sobre los demás desaparece la voluntad general y la opinión que impera es una opinión particular. Para que la voluntad general sea siempre esclarecida y, de esta forma, que el pueblo no se equivoque nunca sería preciso que se multiplicaran las asociaciones de carácter político.

En todos los gobiernos del mundo la persona pública consume y no produce nada, viviendo del producto del trabajo de sus súbditos y los tributos serán más onerosos en relación con el aumento de la distancia entre el pueblo y el gobierno. En consecuencia, se ha de suponer que en democracia el pueblo esté menos cargado de impuestos que en el sistema aristocrático e igualmente en éste en relación al sistema de monarquía absoluta. En estos últimos sistemas en vez de gobernar a los súbditos para hacerlos dichosos, el despotismo los hace miserables con tal de gobernarlos.

Un Gobierno, del tipo que sea, será bueno cuando, sin medios extraños del tipo de guerras, inmigraciones o colonizar otros territorios, consiga que sus ciudadanos se multipliquen y prosperen. Y degenera cuando se concentra, es decir, pasa del gran número al pequeño, de la democracia a la aristocracia y de ésta a la dictadura, lo que viene a ser su inclinación natural.

En un sistema democrático el Gobierno tiene una legitimidad racional, en oposición a la legitimidad carismática que viene originada por el acatamiento y el consenso que avalan al jefe en los que acierto calificó Ortega y Gasset como “el imperio de las masas”. La legitimidad racional proviene del consenso emergente con una normativa con vigencia sociológica que respalda su acceso al poder y su ejercicio. Estas normas han sido elaboradas con la participación activa de los ciudadanos.

Cuando el pueblo no puede participar de los asuntos de Estado e influir en los actos de gobierno, el sistema social degenera en el imperio de las masas, situación extremadamente delicada en la cual las masas se manifiestan vociferantes para reclamar del Gobierno actuación política a corto plazo. El poder público se encuentra en un representante de masas y su proyecto político se recluye en el presente en vez de proyectarse hacia el futuro. Esta situación es realmente peligrosa porque puede desembocar en un estallido social.

La masa (multitud o muchedumbre) está compuesta por aquellos que, con independencia de su procedencia social, se considera a sí mismo mediocre y vulgar y está dispuesto a asumir como propias, por ese mismo motivo, todas las propuestas que formule aquel al que considere su líder. La democracia es producto de la aplicación de las opiniones mayoritarias y se basa en el planteamiento de una idea minoritaria (que no es compartida por la muchedumbre), a la cual se van adhiriendo más personas hasta que es aceptada como cierta por la mayoría de la sociedad, lo que garantiza un avance social continuo y una permanente mejora de la calidad de vida. En cambio la masa necesita ser dirigida, influida, representada y organizada, todo lo cual es un potente incentivo para poder manipularla.

Los ciudadanos deciden las propuestas que consideran adecuadas mientras que las masas deciden las personas que han de dictar las propuestas adecuadas y siempre manifestarán una adhesión inquebrantable a esas personas con independencia de la bondad de las propuestas que éstas manifiesten.

Al Gobierno se le encomiendan tres funciones:

1. Función Política. Tiene por objeto dirigir al conjunto de la Sociedad por el camino que permita satisfacer de la mejor forma sus fines específicos.
2. Función Administrativa. Por esta función se trata de garantizar el cumplimiento de las leyes desarrolladas a través del Poder Legislativo y administradas de acuerdo al Poder Judicial.
3. Función Reglamentarista. Para poder realizar mejor su trabajo, el Gobierno puede dictar Reglamentos y Decretos de Instrucciones.

El Poder Ejecutivo (o Gobierno) está encomendado al Jefe del Estado (Rey o Presidente) que es quien debe nombrar a sus ministros. En algunos países el Primer Ministro (también llamado Jefe del Gobierno) le es propuesto por el Parlamento.

IV. EL ESTADO

 

 

 

En 1847, Austen Henry Layard, descubrió el palacio de Senaquerib y en él un conjunto de aproximadamente 22.000 tablillas de escritura cuneiforme que se estima son los primeros textos escritos de la humanidad. Otro conjunto de 15.000 tablillas del mismo tenor fueron halladas en Nippur en 1880. Una vez traducidas vemos que en ellas se nos cuenta, entre otras cosas, la historia de  Atrahasis también conocido como Utnapishtim (para los babilonios) o Ziusudra (para los sumerios). Están fechadas en el año 1600 A.C., aproximadamente. En ellas se relata el Diluvio Universal y la existencia de varios dioses, el principal y suprema divinidad sería el dios del aire Enlil. Se supone que uno de estos dioses (Enki) creó a los hombres para que les sirvieran y adoraran y les enseñaron la ganadería, la agricultura, la medicina y otras artes. El texto original dice: “Después que An, Enlil, Enki y Ninhursag hubo creado al (pueblo) de los cabezas negras”.

La Biblia recoge, muchos años después, estas historias en el llamado Libro de Enoc donde dice lo siguiente en su capítulo 106:

1 Pasado un tiempo tomé yo, ‘Enoc, una mujer para Matusalén

mi hijo y ella le parió un hijo a quien puso por nombre

Lamec diciendo: "Ciertamente ha sido humillada la

justicia hasta este día". Cuando llegó a la madurez tomó

Matusalén para él una mujer y ella quedó embarazada de él

y le dio a luz un hijo.

2 Cuando el niño nació su carne era más blanca que la nieve,

más roja que la rosa, su pelo era blanco como la lana pura,

espesa y brillante. Cuando abrió los ojos iluminó toda la

casa como el sol y toda la casa estuvo resplandeciente.

3 Entonces el niño se levantó de las manos de la partera,

abrió la boca y le habló al Señor de justicia

4 El temor se apoderó de su padre Lamec y huyó y fue hasta

donde su padre Matusalén.

5 Le dijo: "He puesto en el mundo un hijo diferente, no es

como los hombres sino que parece un hijo de los ángeles

del cielo, su naturaleza es diferente, no es como nosotros;

sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es esplendoroso.

6 "Me parece que no fue engendrado por mí sino por los

ángeles y temo que se realice un prodigio durante su vida.

El niño al que se refiere el texto es Noé y, obviamente, es el protagonista del capítulo sobre el Diluvio Universal.

Para nuestro estudio es indiferente saber si realmente se trataba de dioses, ángeles, extraterrestres o eran meras invenciones. Tampoco es significativo que los hechos que se transcriben ocurrieran 7000 años antes de ser escritos (las ruinas de la ciudad de Ur y el comienzo de la agricultura están fechados en el 9000 A.C.). Lo realmente importante es un esquema de pensamiento que se hunde en la prehistoria y que, de alguna manera, sigue vigente hoy en día: los dioses son los dueños del mundo y crean a los humanos para que les sirvan y, además, los alaben. Además los dioses tienen hijos con las hembras humanas, por lo que es lógico que estos hijos de los dioses sean propietarios de un reino determinado y que sus ciudadanos los tengan que mantener. Alejandro Magno (350 A.C.) era hijo de Heracles-Amon según le confirmaron en el templo de Siwa, los faraones eran hijos de Ra, Julio César era descendiente de la diosa Venus, el actual emperador japonés es descendiente de Amaterasu Omikami, deidad del Sol y hasta el Pontífice Romano de la Iglesia (ekklesia = asamblea de ciudadanos) Católica (katholikós = universal) gobierna el Estado del Vaticano en representación de Dios.

Hace unos 10.000 años la agricultura ya proporcionaba al hombre un abastecimiento de comida más pleno y seguro, y posibilitaba un amplio incremento de la población en las zonas donde se practicaba. Como las cosechas eran fijas y tenían que atenderse, los agricultores debían permanecer en un solo lugar. Además suponía que en un mal año, climatológicamente hablando, se exponían a morir de hambre o a tener que despojar a otros hombres de sus reservas alimenticias, con lo que los que se morirían de hambre serían los otros. Para su protección mutua los labradores se congregaban en pueblos que, poco a poco, se convertían en ciudades. Así surgió la civilización, término derivado de una palabra latina que significa “ciudadano”.

La primera asociación humana proviene directamente de la familia que posteriormente se agrupa en tribus y más adelante en gens. Al congregarse en pueblos, los ciudadanos conseguían más beneficios que la mutua protección:

• Mayor facilidad para obtener productos necesarios para su propia supervivencia, como herramientas.
• Mejor alimentación, con mayor consumo de carne y pescado.
• Además se libera del trabajo físico de la agricultura y ganadería a ciertos individuos que descubren la alfarería o la fundición de los metales, lo que mejora aún más las condiciones de vida al permitir la fabricación de arados para cultivar grandes extensiones de terreno o la fabricación de hachas que permiten la tala de bosques y su transformación en tierras de labor.

Es importante observar que la comunidad es anterior en el tiempo a la sociedad. Aunque ambos conceptos coinciden en representar relaciones recíprocas que tienden a la unión, no son en realidad lo mismo. En el primer caso se concibe dicha unión como algo “real y orgánico” mientras que en el segundo sería algo “ideal y mecánico”. Comunidad en general la hay entre todos los seres vivos y es algo que está en la naturaleza de las cosas y se aplica a un grupo de individuos que comparten una identidad común. En cambio el término sociedad representa un grupo de personas que conviven pacíficamente pero no están esencialmente unidos sino separados y así permanecen a pesar de todas la uniones de tipo legal que se establezcan. La comunidad es algo espontáneo mientras que la sociedad es algo impuesto. Un buen ejemplo sería la Comunidad de Vecinos: los propietarios de unas viviendas ubicadas en el mismo edificio o en la misma zona residencial tienen, sin duda, intereses comunes que defienden a costa de los intereses de otras comunidades. Sin embargo, pese a la disparidad de sus intereses, todas las comunidades de vecinos pertenecen a una sociedad llamada “ciudad” que es la que establece la unión de las mismas por medio de las leyes.

La constitución de un Estado desemboca en un pacto que realizan todos los hombres, quedando subordinados entre sí a un gobernante que es el que debe procurar el bien para todos y debería ser una organización política que limite o prohíba al hombre atentar contra la vida de los otros, es decir, que supere el estado de la naturaleza garantizando la paz.

Por medio de este pacto se produce la transferencia de los derechos individuales a un poder absoluto. Un poder que elimine el peligro de una guerra de todos contra todos que se deriva de la condición libre del hombre en la cual cada uno tiene derecho a todo lo que hay lo que, debido a la escasez, origina conflictos.

El poder es la tendencia que manifiestan los hombres para conseguir un bien futuro que se les presenta como bueno. Se manifiesta este deseo cuando se comparan y desconfían entre sí por el anhelo de reconocimiento y preservación de la vida, que se relaciona con el honor. El problema surge cuando se producen conflictos entre lo que conviene a uno respecto de lo que conviene a otros. Para solucionar este problema existen normas que exponen que su relación con los otros hombres debe ser exactamente igual que la que les permitiría a los demás en su trato con él.

En estos casos, como hemos dicho, el Estado se constituye mediante un pacto que autoriza al soberano a hacer una política ilimitada que garantice la paz y la seguridad de sus súbditos y será legítimo mientras logre estos objetivos. Otra forma de explicarlo sería diciendo que por medio de este pacto, los hombres, racional y voluntariamente, delegan su libertad a favor de un soberano para poner fin a los conflictos de intereses y para garantizar la seguridad y la paz, quedando en libertad los ámbitos en los que la ley no interviene. La voluntad del Estado es la voluntad de los individuos que dan su consentimiento en el pacto.

Este poder fue ostentado en un principio, hasta donde llegan nuestras fuentes escritas, por un tipo especial de personas (llámense hijos de un dios, titanes, héroes, o cualquier otro apelativo) que tenían en común su gran estatura y su fuerza colosal, y probablemente en virtud de estas dos características que bien pudieran deberse a una mejor alimentación, lograban imponer su liderazgo. (Génesis 6:4: “Y había titanes en la tierra en aquellos días también, después que se unieron los hijos de Elojim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Éstos fueron los héroes que en la antigüedad fueron varones de renombre”). (Deuteronomio 9:22: “… un pueblo grande y alto, los hijos de los ananeos, a quienes conoces y de quienes has oído decir: “¿Quién puede resistir ante los hijos de Anac?”. La palabra ananeos es otra versión de la palabra “anunnakis” y la palabra “Anac” es otra versión de la palabra “Anu”, dios del cielo y cuyos hijos fueron los anteriormente mencionados Enlil y Enki, por lo que la palabra ananeos es sinónimo de “hijos o descendientes de Anac o Anu”). Los titanes eran en la mitología griega una raza de poderosos dioses mitad celestiales y mitad humanos que gobernaron durante la legendaria edad de oro.

Esta forma de entender el Estado por medio de reinos de carácter privado (“El Estado soy yo”, diría Luis XIV en 1655) ya fue considerada indeseable en tiempos tan remotos como el siglo V A.C., fecha en la cual la ciudad de Atenas instaura una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad: la Democracia, si bien es cierto que aún hoy en día podemos ver casos de feudos personales gobernados por los llamados “Señores de la guerra”.

A mediados del siglo XVII se produce la llamada “Revolución Científica” que conlleva un cambio de actitudes ante la forma de estructurarse el Estado. Es, quizás en parte, el origen de la llamada “Revolución Gloriosa” acaecida en Gran Bretaña en el año de 1688 y motivada por el deseo de Jacobo II en reclamar el Derecho Divino de la Corona, caso curioso ya que su propio hermano Carlos II había pagado con su cabeza la misma pretensión ante el levantamiento liderado por Oliverio Cromwell. Desde esa fecha de 1688 quedó claramente establecido en Gran Bretaña que la soberanía pertenece al Parlamento en representación del pueblo.

En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos decía: “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad”.

En 1789 la Revolución Francesa publica la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, claramente inspirada en la Declaración de la Independencia de los EE.UU. y dice en su preámbulo: “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes…”.

Así pues, desde finales del siglo XVIII es mayoritariamente aceptado que la soberanía pertenece al pueblo y que la capacidad de un soberano para hacer una política ilimitada es cosa que pertenece al pasado. Solamente los representantes de los ciudadanos libremente elegidos serán a partir de esa fecha los autorizados para fijar los límites de las leyes que regirán la vida de todos los habitantes del país, con independencia de la voluntad personal del soberano.

Las ideas que dieron origen a ambas revoluciones estaban plasmadas en una obra de Jean Jacques Rousseau titulada “El Contrato Social”, escrita en 1761 y que no tuvo especial repercusión en aquellos países en los que la Iglesia Católica era un poder fáctico porque fue incluida en el Índice de libros prohibidos de la Inquisición española (en latín, desde 1612, Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum), por lo que su circulación en dichos países estaba estrictamente prohibida. Su argumentación se basa en pocos y escogidos argumentos:

1. La condición humana se encuentra escindida entre el hecho y el derecho. El hombre puede construir una sociedad justa porque el mal no está en el individuo sino en su relación con la sociedad.
2. Es legítimo el recurso a la violencia cuando el déspota impone leyes injustas. La historia ha destruido la igualdad entre todos los hombres que es propia del estado de la naturaleza.
3. La reconciliación entre naturaleza y sociedad se ha de propiciar por medio de la educación y las leyes...
4. La soberanía (considerada como “el ejercicio de la voluntad general”) pertenece al pueblo y es absoluta, indivisible e inalienable, a diferencia de la opinión mantenida por la monarquía absoluta y, en general, por cualquier forma de poder autocrático.

Hoy en día, estos principios se encuentran recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Gobierno es el intermediario establecido entre el soberano y los ciudadanos. A él le corresponde la ejecución de las leyes y el mantenimiento de las libertades tanto civiles como políticas. Puesto que su poder ejecutivo es delegado, todos sus miembros deben poder ser destituidos por el pueblo.

Hay tres formas de Gobierno positivas, que pueden derivar en otras tantas negativas:

                                      POSITIVAS                                            NEGATIVAS

1. MONARQUÍA                                           TIRANÍA
2. ARISTOCRACIA                                        OLIGARQUÍA
3. DEMOCRACIA                                          LICENCIA

Corresponde a los ciudadanos, al constituir el Estado o al modificar su Constitución, decidir el sistema de gobierno que han de adoptar.

Entre los legisladores más célebres por haber hecho constituciones se encuentra Licurgo (en torno al siglo VIII A.C.), que desarrolló la de Esparta, distribuyendo la autoridad entre el Rey, los aristócratas y el pueblo, con lo que fundó un régimen que duró más ochocientos años y garantizó perfecta tranquilidad al Estado. Es el origen de lo que hoy llamamos separación de poderes y daría lugar a las opiniones vertidas por el Barón de Montesquieu en su obra: “El espíritu de las Leyes” (1748) en las que se muestra partidario de que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no deben concentrarse en las mismas manos. Hoy en día es también la opinión mundial mayoritaria.

 

1. LA RIQUEZA DE LA SOCIEDAD

 

 

 

La primera definición de “riqueza de la sociedad” que nos viene a la mente es sus recursos naturales, su disponibilidad de mano de obra y su acumulación de metales preciosos y divisas. Aunque no por cierta resulta completa ya que no tiene en cuenta el comercio internacional que permite la generación de capital mediante la exportación de sus productos y que modifica la cantidad de mercancías en poder de sus ciudadanos.

Puesto que el término “mercancía” es necesario para hablar de riqueza no estará de más aclarar su significado: es cualquier cosa que, en virtud de sus propiedades, satisface de forma directa (como medio de vida) o indirecta (como medio de producción) las necesidades humanas de cualquier clase. Y todas ellas tienen una cualidad en común: la de ser productos del trabajo. Para producirlas se ha gastado una fuerza humana de trabajo.

La razón de ser de una sociedad estriba en la protección de sus ciudadanos y en el crecimiento de su riqueza, que ha de redundar en un mayor nivel de vida de los mismos. Esto supone más consumo, más atención sanitaria, más educación, un mejor subsidio de jubilación, una mejor protección por la pérdida de trabajo, quizás un salario social, etcétera. La riqueza generada por un país en el plazo de un año se conoce como Producto Interior Bruto (PIB).

Para incrementar su riqueza, un país debe producir más y vender sus excedentes a otros países (es cierto que también puede incrementar su riqueza sencillamente quitándosela a otros países, pero no es el objeto de este trabajo).

La capacidad para el crecimiento económico de un país viene dada no solo por su capacidad para aprovechar sus recursos naturales sino también aquellos que representan el capital y el trabajo, es decir, aumentar su productividad. Si se invierte más capital en las empresas, éstas pueden comprar una nueva maquinaria que multiplique la producción y si los obreros están cualificados también producirán más.

La productividad del capital y del trabajo dependen de la calidad y de las características de los productos y de la eficiencia con la que se manufacturan. La productividad de los recursos humanos determina los salarios y la productividad del capital determina el beneficio de los inversores. La superioridad técnica, la mejor organización del proceso de producción, la economía en los gastos generales, una alta productividad del trabajo y grandes posibilidades para la obtención de créditos (en resumen: la eficiencia), son las principales ventajas de las grandes empresas, que continuamente aumentan cada vez más su papel en la producción industrial.

El comercio es una actividad profesional encaminada a reunir bienes, conservarlos y ponerlos a disposición. Ofrece oportunidades a todos los países para mejorar su riqueza. Concretamente, el mercado exterior de un país se convierte, por un lado, en su mejor cliente, ya que es allí donde se puede vender la producción local, y por el otro, en el proveedor de bienes necesarios o de importantes recursos en forma de inversión directa, ayudas y préstamos. El comercio internacional permite a una nación aumentar su productividad eliminando para ello la necesidad de producir todos los bienes y servicios dentro de la misma nación, ya que ninguna puede ser competitiva en todo, ni ser exportadora de todo, sin más ni más. Así un país puede especializarse en las industrias y en los sectores donde sus empresas son relativamente más productivas e importar artículos y servicios en los cuales sus compañías son menos productivas que las de los competidores extranjeros. Las importaciones y las exportaciones son, por consiguiente, partes integrantes del aumento de la productividad. La ventaja en el comercio surge de la división del trabajo, de forma que cada trabajador se especializa en aquella tarea que mejor sabe hacer.

El consumo de los ciudadanos representa una variable de extraordinaria importancia porque influye de forma notable en su capacidad de ahorro que, en definitiva, será el motor que financie a las empresas, permitiéndoles aumentar su inversión y generar mayor riqueza. En la medida que el consumo se dirija a los productos nacionales o a los importados dependerá también el aumento o decrecimiento de la actividad económica y, por tanto, la productividad nacional.

La competitividad se define como la capacidad de las empresas, industrias, regiones y naciones para generar ingresos y niveles de empleo altos de una manera sostenible, estando expuesta a la competencia internacional. Debe incluir elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad como elementos básicos para alcanzar elevados niveles de vida y de bienestar social.

Un aspecto clave para el comercio internacional es la infraestructura tecnológica ya que Internet ofrece al comercio un nuevo canal de publicidad y comunicación de alcance masivo, un acceso a los usuarios evitando los intermediarios actuales, la formación de empresas virtuales y el desarrollo y la venta de nuevos productos o la sustitución de antiguas mercancías por sus equivalentes digitales. La disponibilidad de sistemas de telecomunicaciones baratos y eficientes, las conexiones a Internet y el desarrollo de la telefonía móvil son algunas de las nuevas prioridades tecnológicas de las naciones que quieren ser competitivas. Estas tecnologías también permiten a las empresas domésticas situar diferentes partes de su producción, investigación y actividades de marketing en diversos países, pues se mantienen unidas a través de los ordenadores y la videoconferencia como si estuviesen localizadas en un mismo país. La educación se ha convertido en el requisito para acceder a la economía basada en el conocimiento, mientras que la tecnología constituye el instrumento a través del cual se aporta educación a la sociedad.

En un entorno global en el que los mercados, los productos, las tecnologías, los competidores, las legislaciones e, incluso, las sociedades enteras cambian a gran velocidad, la innovación continua y el conocimiento que hace posible dicha innovación se han convertido en importantes fuentes de supervivencia y de ventaja competitiva. Por lo que las naciones comienzan a desarrollar políticas no solo para atraer empresas o industrias sino también para cautivas y retener a los mejores talentos.

Hemos visto que los factores de producción de un país son sus recursos naturales, su capital y su mano de obra. Cada país debe especializarse en fabricar aquellos productos que utiliza el factor más abundante. Ahora bien, esto supone que en aquel país con abundancia de capital los salarios serán relativamente altos mientras que los beneficios de los inversores serán relativamente bajos. Y al contrario sucederá en aquel abundante en mano de obra. El libre comercio aumentará el precio o la renta del factor relativamente abundante y reducirá el del factor relativamente escaso, ya que éste tiene que competir con el extranjero. Así, aunque el factor trabajo sea inmóvil entre países, su precio puede cambiar a través del comercio internacional debido a que el trabajo está representado en los bienes. Un país puede cambiar sus dotaciones relativas de factores (capital y trabajo) cambiando sus modelos de inversión.

Las empresas tienden a ser estimuladas por las necesidades y oportunidades del mercado, y si el país doméstico es abundante en capital y el país extranjero abundante en trabajo, entonces el país doméstico exportará productos industriales e importará alimentos.

Las economías de escala ofrecen a las empresas de una nación que son capaces de aprovecharlas una ventaja en costes que las conduce a exportar. Llamamos economía de escala a cualquier situación de producción, incluso la prestación de servicios financieros, en la que el coste por unidad producida disminuye a medida que aumenta el número de unidades producidas. El coste por unidad no debe confundirse con el coste total. Este último aumentará directamente con la cantidad producida independientemente del comportamiento del coste por unidad. Suele producirse por comprar sus productos a mayor escala, o por hacer uso intensivo de su capacidad industrial (p. ej. Estableciendo más turnos de trabajo) o mediante la integración de empresas.

Los gobiernos pueden implantar políticas diseñadas para mejorar la ventaja competitiva en los costes de los factores, que siguen siendo importantes en industrias que dependen de los recursos naturales, en aquellas donde el trabajo no especializado o semiespecializado es la porción dominante del coste total, y en aquellas otras donde la tecnología está ampliamente disponible. Por otro lado, un país puede importar un producto del que podría ser el productor de menor coste si consigue mayor productividad dedicándose a la fabricación de otros bienes. Las empresas logran ventaja frente a los mejores competidores del mundo a causa de la presión y el reto. Se benefician de tener fuertes competidores nacionales, proveedores agresivos radicados en el país y clientes nacionales exigentes. La base doméstica es donde las ventajas competitivas esenciales de la empresa son creadas y mantenidas. La base doméstica será la localización de la mayoría de los trabajos productivos, tecnologías punta y las más avanzadas capacidades.

Cuando la situación nacional permite y apoya una acumulación más rápida de recursos y destrezas especializados, las empresas obtienen ventaja competitiva.

Cuando la situación nacional hace posible obtener información continua y mejorada sobre las necesidades de producto y de proceso, las empresas logran ventaja competitiva.

Cuando la situación nacional presiona a las empresas para innovar e invertir las empresas obtienen ventaja competitiva.

Una nación no hereda, sino que crea sus factores de producción más importantes. La velocidad y la eficacia en su creación y despliegue hacia determinados sectores es mucho más importante que la mera existencia de los mismos. No se pueden cambiar los recursos naturales: el clima, la localización o la demografía, pero si que puede hacerse con los factores especializados: las infraestructuras, la investigación o las comunicaciones, por ejemplo, que son en realidad los factores más importantes y que requieren una continua inversión. Tenemos cinco categorías básicas de factores de producción:

1. Recursos humanos. Representa la cantidad, la capacidad y el coste del personal.
2. Recursos físicos. Representa la cantidad, calidad, accesibilidad y coste de los citados recursos físicos (agua, tierra, etc.)
3. Recursos del conocimiento. Representa el conocimiento científico, técnico y de mercado sobre bienes y servicios que tiene una nación.
4. Recursos de capital. Representa la cantidad y el coste del capital disponible para realizar inversiones en la industria.
5. Infraestructuras. Abarca el tipo, la calidad y el coste de uso de la infraestructura disponible que afecta a la competencia, incluyendo el sistema de transportes, las comunicaciones, movimientos financieros, servicios sanitarios, etc.
   La localización próxima de proveedores y usuarios finales permite a ambos tener una comunicación más fluida, un flujo de información más rápido y constante y un intercambio permanente de ideas e innovaciones. Las empresas locales se benefician de los procesos de innovación y mejora de los proveedores locales, al permitirles la identificación de nuevos métodos y oportunidades para sus empresas. Sin embargo, a pesar de que la interacción entre las industrias es sumamente ventajosa, ésta no ocurre automáticamente. Aunque las empresas proveedoras se encuentren geográficamente próximas, la interacción entre las mismas no se producirá si no estuviesen dispuestas a relacionarse entre sí.
   Sin una fuerte rivalidad local, ni el rápido crecimiento de la demanda local ni el tamaño de la misma estimularían la inversión de las empresas. La presencia de rivales nacionales fuertes es un importante estímulo para la ventaja competitiva, pues impulsa a las empresas a innovar y mejorar, creando presión para que inviertan, reduzcan costes, mejoren la calidad y los servicios e innoven en productos y procesos. La concentración geográfica magnifica el poder de la rivalidad interior, ya que cuanto más localizada esté la rivalidad, ésta será más intensa y beneficiosa para las empresas que se ven forzadas a innovar y perciben una presión orientada a la mejora constante de las fuentes de ventaja competitiva. La política antimonopolio juega un papel importante en lo que se refiere a mantener la fortaleza de la rivalidad local.
   El papel del Gobierno debe ser el de actuar como catalizador y estimulador, alentando a las empresas a que eleven sus aspiraciones y niveles de competitividad. La política que tiene éxito es aquella que crea un marco en el que las empresas puedan lograr ventajas competitivas, y no la que hace intervenir al gobierno directamente en el proceso, con la excepción de naciones que están en el inicio del proceso de desarrollo.
   La misión del Gobierno debiera consistir en apoyar la creación de factores especializados en cada región, responsabilizándose de la educación primario y secundaria, la infraestructura, la investigación y la sanidad, propiciando la reducción de los costes de ciertos factores o un tipo de cambio de la moneda que ayude a las empresas a competir más eficazmente en los mercados internacionales, particularmente cuando las fuerzas del mercado no actúan a favor de las empresas locales. Adicionalmente, debe imponer normas estrictas sobre los productos, la seguridad y los temas ambientales que, en lo posible, no absorban recursos ni causen retrasos. Si estas normas no se han extendido aún en el ámbito internacional, las empresas disfrutarán de una ventaja inicial para desarrollar productos y servicios que serán valiosos en otros países.
   La misión del Gobierno conlleva también limitar la cooperación directa entre sectores rivales, si bien una cierta cooperación indirecta puede resultar beneficiosa (por poner un ejemplo: en crear escuelas de negocios o en investigación de mercados exteriores). Además puede influir de forma directa o indirecta en la ventaja competitiva de sus industrias mediante leyes, impuestos y subvenciones.
   Dado que las industrias locales competitivas en el ámbito internacional están en la práctica concentradas geográficamente en forma de galaxias de empresas o polígonos industriales, es una obligación del Gobierno crear e impulsar este tipo de concentración. La mayoría de los integrantes en el polígono no compiten directamente entre sí, sino que atienden a diferentes segmentos. Sin embargo, comparten muchas necesidades y oportunidades y han de hacer frente a limitaciones y obstáculos comunes a todos.
   La integración en polígonos industriales puede facilitar o abaratar el acceso a recursos especializados como seguridad, vigilancia, componentes, maquinarias y personal y se benefician de la concentración de empresas que tienen conocimiento sobre los compradores y se relacionan con ellos.
   Por otro lado, suelen captar las tendencias de los compradores más rápidamente que los competidores aislados y averiguan con más prontitud la aparición de nuevas tecnologías y la disponibilidad de nuevos componentes y máquinas o de nuevos sistemas de ventas y servicios.
   En definitiva: un  país no puede ser competitivo en el ámbito internacional simplemente porque tiene una o dos industrias con éxito, sino que debe tener una multitud de industrias con una fuerte competitividad. Tampoco puede una nación ser considerada competitiva a escala internacional si sus industrias son fuertes debido a algunos factores externos.
   El desarrollo económico de una nación sigue siempre el mismo esquema:

1. Los empresarios empiezan a depender menos del Gobierno, a invertir a pesar de los riesgos asociados y a buscar economías de escala, convirtiendo a sus recursos humanos en la fuente principal de competitividad internacional.
2. Desarrollo de industrias relacionadas y afines, y
3. Expansión de las conexiones entre industrias relacionadas horizontal o verticalmente. En esta fase los bienes y servicios producidos pasan a competir en términos de igualdad con los de los países avanzados y es más importante la labor del directivo que la del empresario. Al aumentar los niveles de renta, los consumidores demandan productos de más calidad y servicio.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Nota: he tomado algunos párrafos de la obra “Modelos de la competitividad internacional. Una aplicación empírica al caso de las Islas Canarias”, ya que reflejan mi opinión mejor que cualquier redacción que yo consiguiera darles.

1. LAS LEYES

 

 

Se denomina “Leyes” a la codificación de las normas de convivencia de una sociedad.

Regulan la vida en sociedad y establecen pautas que permiten a cada uno conocer sus derechos y deberes dentro de la misma. La más importante de las leyes es aquella que regula la Constitución de la propia sociedad. Son el conjunto de normas jurídicas escritas de un Estado y, para ser justas, deben obedecer las leyes del derecho natural cuyos principios  fundamentales han de ser los siguientes:

1. Conservar la vida de sus miembros, su integridad física y moral y su propiedad.
2. No perturbar la sociedad, no hacer nada que pueda perturbar el orden social.

El gran principio sería que nadie se conduzca hacia otra persona de modo que esta última pueda quejarse con razón de que se ha violado su igualdad de derechos.

El conjunto legal está basado en los usos y costumbres de los ciudadanos y en el interés y conveniencia de los mismos.

Al redactar la Constitución deben establecerse con claridad las siguientes cuestiones:

1. Límites geográficos del Estado.
2. La protección de dos bienes fundamentales, íntimamente ligados: la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos, puesto que una sin la otra no puede ser concebida.
3. La forma de adquirir la condición de ciudadano.
4. La forma de gobierno.
5. Establecimiento de los tres pilares básicos del Estado: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como la forma de elección de sus integrantes y los límites de cada uno de ellos.
6. Proceso mediante el cual los ciudadanos pueden modificar la propia Constitución.
7. Organización Territorial y la relación entre sus directos responsables, y
8. Cualquier otra que refleje los usos y costumbres de sus ciudadanos.

Así como la Constitución debe ser emitida por el pueblo en conjunto, ya que es el pueblo quien ha creado el Estado y, por tanto, es quien decide su forma de constituirse, el resto de las leyes son elaboradas por el legislador (también llamado Poder Legislativo) y deben ser refrendadas por los ciudadanos. Esto es así porque se supone que, dado el carácter técnico de las mismas, deben ser desarrolladas por especialistas en cada asunto del que tratan.

Los deberes supremos del legislador son los siguientes:

1. Garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo.
2. Buscar la paz por todos los medios.
3. Garantizar la celebración de contratos y que las partes se atengan a lo pactado.
4. Considerar a cada hombre igual a los demás.
5. Dar un uso común a las cosas que, por naturaleza, no pueden dividirse.
6. Garantizar el tráfico y el comercio sin discriminaciones.

Estos principios son universales, o sea para todos los seres humanos, inmutables, abstractos y reconocibles por medio de la razón.

Para que las leyes sean justas y se pueda hablar de Justicia se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Imparcialidad. El ciudadano debe ser considerado de acuerdo con la norma establecida y no puede quedar a merced de factores aleatorios tales como la simpatía o la pertenencia a una clase determinada.
2. Igualdad. En la posesión y disfrute de los mismos derechos básicos de carácter político y económico.
3. Participación. En condiciones de igualdad y en cualquier ámbito.

El conjunto de leyes suele estar compuesto por ocho grandes apartados:

1. Ley Tributaria, que regula la relación de los contribuyentes con la Hacienda Pública, garantizando los derechos y deberes recíprocos.
2. Código Civil, que establece las normas y principios que han de seguir el resto de las leyes.
3. Código Penal, que define los delitos y faltas que pueden provocar la actuación del poder coactivo del Estado (la policía).
4. Ley de Comercio, que es el conjunto de las normas que regulan las relaciones mercantiles.
5. Ley del Trabajo, que tiene por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones.
6. Código Administrativo, que establece el funcionamiento eficiente de la Administración Pública, así como garantizar los derechos y libertades de las personas.
7. Código de Circulación, que establece las bases, requisitos y reglas a que deberá sujetarse el tránsito de peatones, vehículos y animales por las vías públicas.
8. Ley de Enjuiciamiento, que regula los procesos originados por el Estado o por cualquiera que considere vulnerados sus derechos e intereses legítimos.

Los principios a defender por las leyes pueden ser recogidos en forma de decálogo:

1. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
2. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
3. Todos son iguales ante la Ley.
4. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad.
5. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
6. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
7. La voluntad del pueblo es base del poder público.
8. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, a él y a su familia, la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y la educación.
9. Toda persona tiene derecho a una limitación razonable de la duración del trabajo.
10. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

Las leyes de cada país son, lógicamente, distintas porque dependen de cómo interpretan el legislador cada uno de los principios aquí enunciados tanto como de los propios usos y costumbres que en él son habituales.

Además de las Leyes existen otras normas que pudieran ser confundidas con éstas aunque tanto su razón de ser como su elaboración son muy distintas. Nos referimos a los Decretos y Reglamentos que aprueba el Poder Ejecutivo y que son aquellas que considera necesarias para realizar mejor su trabajo.