Política Económica (1/3)

XI. LA POLÍTICA ECONÓMICA

Primera parte

 

 

La planificación económica es una ciencia y, como tal, a un determinado acto le corresponde una consecuencia, siempre la misma. Si los políticos no son capaces de acertar con las medidas económicas adoptadas es porque parten de un análisis deficiente de la situación real, se equivocan en las metas que desean alcanzar o, sencillamente, no tienen conocimientos de economía. Acierten o se equivoquen en las recetas que aplican lo cierto es que resulta indispensable que el Estado se preocupe por mejorar la situación económica de sus ciudadanos aunque solo sea porque la seguridad económica es una condición indispensable para la verdadera libertad.

Mientras que, como hemos visto al tratar los sistemas de gobierno, la organización social tiene tres posibles soluciones: Monarquía (en su concepto de absolutismo), aristocracia (el gobierno de una élite) o democracia (el gobierno del pueblo), también en política económica existen tres posibles alternativas: marxismo (economía planificada), liberalismo (mínima intromisión del Estado) y un corpus intermedio que propugna la intervención del Estado mediante inversiones públicas y emisión de leyes en apoyo de la actividad económica manteniendo el esquema capitalista de la empresa privada. La primera de ellas, marxismo, parte de las ideas expresadas por Carlos Marx en su obra “El Capital”. La segunda, liberalismo, de las ideas de Ludwig von Mises en su obra “La teoría del dinero y el crédito” y la tercera opción se apoya en las ideas vertidas por John Maynard Keynes en su obra “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”.

Es curioso contemplar que las tres obras (y las respectivas ideologías que configuraron) parten de la constatación de la existencia de ciclos en la economía mundial y aporten cada uno de sus autores sus propias recetas para evitar o minimizar sus consecuencias. También es llamativo que todos ellos consideren el origen de los males económicos la existencia de los monopolios.

Las ideas marxistas se encuentran en franco retroceso en todo el mundo pese al interés de algunos economistas de renombre por resucitarlas. Y han perdido su importancia porque parten de un principio erróneo y una receta incongruente: el concepto de plusvalía y proponer la lucha contra los monopolios mediante la creación de un nuevo monopolio con carácter estatal.

Las ideas liberales, en realidad deberíamos llamarlas neo-liberales, propugnan el libre mercado sin intervención del Estado en los mecanismos de fijación de precios. Llevado al extremo significa que los Bancos Centrales no debería fijar el tipo de interés, puesto que representa el precio del dinero, y tampoco debería existir el salario mínimo ya que el precio del trabajo debe ser fijado por el mercado mediante la ley de la oferta y la demanda.

Las ideas keynesianas demostraron ser útiles en economías cerradas pero se demostraron ineficaces con la liberalización mundial de los mercados y fracasaron en las circunstancias de crecimiento de los precios generado por las llamadas crisis del petróleo de 1973 y 1979 a las que no fue capaz de ofrecer una solución. Hoy algunos economistas llamados neo-keynesianos como Paul Krugman o Michael Porter han adaptado sus ideas a la nueva situación mundial.

Pero que sus propuestas no sean todo lo exactas que sería de desear no significa que las consecuencias que establecen en sus obras no sean reales.

EL MARXISMO

Carlos Marx establece en su obra que las personas de posición independiente deben su fortuna casi exclusivamente al trabajo de otros. Lo que conviene a los pobres no es una situación abyecta o servil, sino una relación de dependencia aliviada y liberal y a los propietarios influencia y autoridad suficientes sobre los que [...] trabajan para ellos. Con esta definición establece la diferencia de clases y la lucha permanente entre ellas.

De este concepto inicial entiende que los empresarios utilizan sus beneficios (a los que llama la plusvalía) en invertir más dinero en la empresa para capitalizarla y denomina a este proceder la concentración de capital que genera, en su opinión, una dependencia más intensa del trabajador a medida que se acrecienta el capital. “Del propio beneficio creciente de las empresas, crecientemente transformado en capital, fluye hacia los trabajadores una parte mayor bajo la forma de medios de pago, de manera que pueden ampliar el círculo de sus disfrutes, dotar mejor su fondo de consumo de vestimenta, mobiliario, etc., y formar un pequeño fondo de reserva en dinero. Pero así como la mejora en la vestimenta, en la alimentación y el trato, o un peculio mayor, no abolían la relación de dependencia y la explotación del esclavo, tampoco las suprimen en el caso del asalariado. El aumento en el precio del trabajo, aumento debido a la acumulación del capital, sólo denota, en realidad, que el volumen y el peso de las cadenas de oro que el asalariado se ha forjado ya para sí mismo permiten tenerlas menos tirantes.”

Este concepto de concentración de capital es tratado posteriormente con más fortuna por Lenin en su obra “El imperialismo, fase superior del capitalismo”. En ella analiza la existencia de lo que hoy se llaman Corporaciones y que se corresponden con la reunión en una sola empresa de distintas ramas de la industria que representan en sí o bien fases sucesivas de la elaboración de una materia prima y pone como ejemplo la fundición del mineral de hierro, la transformación del hierro en acero y la elaboración de tales o cuales productos de acero. Les reconoce el aspecto positivo de garantizar un beneficio más estable, hacer posible el perfeccionamiento técnico y, por consiguiente, la obtención de ganancias suplementarias en relación con las empresas no combinadas y, finalmente, reforzarlas en la lucha con la competencia durante las depresiones, cuando el precio de la materia prima va a la zaga con respecto a la disminución de los precios de los artículos manufacturados. Como aspecto negativo que las empresas van ganando en importancia cada día; cada vez es mayor el número de establecimientos que se agrupan en empresas gigantescas que suelen estar defendidas por derechos arancelarios proteccionistas. Esta tendencia a la agrupación trae aparejada la tendencia al monopolio. Por una parte, la concentración ha determinado el empleo de enormes sumas de capital en las empresas, por eso las nuevas empresas se hallan ante exigencias cada vez más elevadas en lo que concierne a la cuantía del capital necesario y esta circunstancia dificulta su aparición.

Algo así había querido demostrar Marx en su obra al referir que la libre concurrencia (el libre mercado) engendra la concentración de la producción y que dicha concentración conduce al monopolio como ley general y fundamental. Los oligopolios se ponen de acuerdo entre sí respecto a las condiciones de venta, a los plazos de pago, etc. Se reparten los mercados de venta. Establecen los precios, etc. Su ventaja sobre los competidores se basa en las grandes proporciones de sus empresas y en su excelente instalación técnica. De esta forma la competencia se convierte en monopolio, del que resulta un gigantesco progreso de la socialización de la producción. Se efectúa también, en particular, la socialización del proceso de inventos y perfeccionamientos técnicos. La producción pasa a ser social, pero la apropiación continúa siendo privada. Los medios sociales de producción siguen siendo propiedad privada de un número reducido de individuos. La actividad comercial pierde peso a favor de una actividad organizadora especulativa. De esta forma no es el comerciante quien consigue los mayores éxitos sino el especulador que por anticipado sabe tener en cuenta o intuir el desenvolvimiento en el terreno de la organización y la posibilidad de determinados lazos entre las diferentes empresas y los bancos.

Nuestra sociedad moderna, en la cual sólo unos pocos poseen los medios de producción, hallándose necesariamente en equilibrio inestable, tiende a alcanzar una condición de equilibrio estable mediante la implantación del trabajo obligatorio, legalmente exigible a los que no poseen los medios de producción, para beneficio de los que los poseen. Con este principio de compulsión aplicado contra los desposeídos, tiene que producirse también una diferencia en su estatus; y a los ojos de la sociedad y de la ley positiva, los hombres serán divididos en dos clases: la primera, económica y políticamente libre, en posesión, ratificada y garantizada, de los medios de producción; la segunda, sin libertad económica ni política, pero a la cual, por su misma falta de libertad, se le asegurará al principio la satisfacción de ciertas necesidades vitales y un nivel mínimo de bienestar, debajo del cual no caerán sus miembros.

La solución propuesta por el marxismo pasa por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la creación de un sistema de economía planificada en la que un organismo de planificación central sustituye a los empresarios que trabajan por un beneficio.

Antes de continuar adelante conviene aclarar que actualmente no se suele aplicar el concepto de plusvalía a los beneficios empresariales, sino a aquellos originados por un incremento de la productividad y que no se comparten con los asalariados, bien sea por beneficiarse de la producción a escala, por nuevos sistemas organizativos o por cualquier otra circunstancia. La definición de Marx conlleva en contrasentido de que las empresas cada vez más capitalizadas deben producir más artículos para mantener el nivel de beneficios, mientras que sus trabajadores, que son los que deberían comprar esos productos, cada vez serían más pobres.

Las teorías marxistas tienen como piedra angular la justicia distributiva: alguien debe determinar qué se entiende por una distribución más justa.

 Para conseguir este ideal de justicia, el Estado debe hacerse cargo de la tarea de planificar toda la vida social, otorgando plenos poderes a una Junta Central de Planificación para intervenir en asuntos económicos elaborando un plan central que determine todo lo que se debe producir ,  y además teniendo que decidir qué recursos se van a asignar a qué problemas. Esto significa el monopolio del Estado sobre la actividad económica. Crear un monopolio para combatir las arbitrariedades de los monopolios.

Si damos por supuesto que una persona debe recibir una remuneración que no está relacionada con su utilidad a los demás miembros de la sociedad, como hace el mercado libre, entonces tendría que ser un grupo de personas los que determinaran la “utilidad” de la gente y no tendrían medios para hacerlo subjetivamente. Se desalentaría toda actividad que implique riesgo y se censurarán las ganancias que justifican tomar esos riesgos. No sería la independencia sino la seguridad lo que daría status social y el prestigio no estaría determinado por el ímpetu empresarial sino por la certidumbre de una pensión.

La libertad de contratación reside precisamente en dejar que el salario, como los demás factores de la producción, sea establecido por la oferta y la demanda, sin que esto signifique que el Estado no pueda imponer unos ingresos mínimos para sus ciudadanos en las condiciones que considere más adecuadas.

Los llamados “derechos” deben ser siempre contrapuestos con los “deberes”. Así por ejemplo existe un mandato constitucional que reconoce el “derecho al trabajo” pero es insustancial porque no recoge quién tiene la obligación de emplear. Del mismo modo cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce el anteriormente señalado “derecho a una retribución equitativa y satisfactoria” sin especificar quién, si no es el mercado, determina lo que es “equitativo” y “satisfactorio”.